05 de enero de 2014
Hay riesgos para la libertad de información cuando existe una elevada concentración de la propiedad de medios. Nos satisface que el debate en torno al tema vaya cobrando dimensión nacional. Pero es indispensable que no se desvirtúe
En noviembre pasado ocho periodistas presentaron una acción de amparo ante el Poder Judicial demandando la anulación de la compra de Epensa por parte del Grupo El Comercio. El argumento es que ello significa un acaparamiento de medios prohibido por la Constitución, y en esa medida un serio riesgo y un real peligro para la libertad de información y el pluralismo.
El grupo comprador pasó a controlar el 78% de medios de la prensa escrita, una cifra elocuente, con la cual se limita el derecho de los peruanos a informarse de lo que pasa y a reclamar garantías que los amparen frente a una eventual manipulación de las noticias y las opiniones.
La semana anterior, Mario Vargas Llosa se pronunció sobre el tema con la claridad que lo caracteriza: “Es sumamente peligroso para cualquier sociedad que no haya una diversificación amplia de los medios que permita que se ventilen todas las ideas. Si se produce una concentración de medios como se está produciendo en el Perú y esos medios tienen además una línea política muy clara, entonces hay allí una amenaza potencial muy grande contra la democracia. Creo que eso es algo por lo que nosotros tenemos que mantenernos vigilantes”.
En cuanto a las declaraciones del presidente Humala sobre el tema, ellas han sido poco oportunas. Se prestan a interesadas suspicacias acerca de una amenaza velada contra la libertad de expresión. Ofrecen un flanco fácil a los opositores políticos del gobierno. Tan es así que de nada ha servido el claro deslinde hecho por el ministro de Justicia. Es deseable que los políticos de todo signo, gobernantes incluidos, se abstengan de accionar al respecto y esperen que avance el proceso judicial.
A su vez, el grupo económico demandado por acaparamiento ha empezado a descalificar a miembros del Poder Judicial, una manera de vetar al PJ como facultado para tocar asuntos vinculados a El Comercio. Pareciera que además de control del mercado quieren una patente de corso. Así buscan desviar el debate, incluso agotarlo, y adelantarse a la aparición de cualquier salida que permita asegurar el mantenimiento del pluralismo informativo.
Saludamos que en un comunicado del Instituto Prensa y Sociedad se haya proyectado el debate en términos que compartimos. El IPYS recuerda que desde hace más de una década “sostiene que la concentración de la propiedad de los medios encierra potenciales amenazas contra la libertad de expresión”; agrega que “respecto de la adquisición de Epensa por El Comercio, planteamos un amplio debate sobre medidas que impidan, democráticamente, la concentración de la propiedad de los medios o su monopolio, conforme el mandato constitucional”.
También aclara que, “el IPYS no hace parte de la demanda de amparo entablada ante el Poder Judicial por un grupo de editores y periodistas, a propósito de la compra, pero considera legítima esta vía para resolver la controversia respecto de la correcta aplicación de la ley en el caso específico” y finalmente, al igual que la Sociedad Interamericana de Prensa, “considera que el gobierno debe mantenerse al margen de la controversia”. Debemos precisar que dos directivos del IPYS escriben en este diario.
La República reitera su confianza en el Poder Judicial y su manejo de la demanda antiacaparadora. No nos parece apropiado salir a atarantar jueces con denuncias o maniobras políticas. Los demandados no deberían añadir descrédito a una posición que ya de por sí es cuestionable.
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