En mi triple y traslapada condición de periodista de La República, miembro de IPYS, y uno de los firmantes del amparo contra El Comercio y Epensa, soy un obvio crítico de la concentración de medios en curso en el país. Si bien esta es una lucha por ganarse a la opinión pública, también es uno de esos casos en que no todos los caminos conducen a Roma.
La presencia de Ollanta Humala entre los críticos de la concentración de medios en principio es un activo. Sin embargo, su aparente disposición a extender un conflicto entre medios hacia una batalla político-parlamentaria ente el oficialismo y los concentradores de medios podría resultar contraproducente para las libertades que él mismo está defendiendo.
Su sugerencia de que la pugna en torno de la concentración de medios podría ser resuelta en el Congreso, luego de haber insinuado antes coloquialmente un horizonte de ilegalidad, no nos hace mucho favor a los firmantes del amparo. Debilita el camino judicial elegido y le da vela en el entierro a una corporación tan desacreditada como es el Congreso.
Quienes no desean que el grupo El Comercio (en todo lo demás una legítima empresa de comunicaciones) controle para todo fin práctico la formación de opinión pública en el Perú, tampoco desean que los medios lleguen a ser manejados mediante legislación ad hoc, además inevitablemente teñida de rivalidad política. Un camino de impredecibles consecuencias.
Prueba de los peligros de la politización en este caso es la manera irreflexiva en que algunos sectores enfrentados a Humala (algunos incluso con buenas razones) han confundido oposición al gobierno con la abierta toma de partido por la concentración de medios. Se aplica aquí el dicho de que no hay que botar al bebe con el agua sucia.
El caso del Apra es el más sorprendente, puesto que este partido soportó por largo tiempo el veto de El Comercio: desaparición en sus páginas y hasta de su nombre, reemplazado por la secta. Tuvo que amainar la hegemonía de ese diario, con el fortalecimiento de La Prensa hacia 1945, para que ese trato digno de la reina Victoria empezara a cambiar.
Entiendo que nuestro propósito como firmantes de la demanda de acción de amparo ante el Poder Judicial fue tratar de rectificar una decisión empresarial inconveniente, tanto en lo empresarial como en el campo de la libertad de expresión. No fue nuestra intención poner un arma más en manos de un bando de la disputa política nacional.
El comunicado del IPYS de inicios de esta semana llamaba a que Humala se abstuviera de participar en el debate que corre paralelo a la demanda judicial. La respuesta del Presidente ha sido más bien pisar el acelerador político. Lo cual quizás obliga a los medios a ponerse de acuerdo sobre algunas reglas que eviten que todo el asunto sea secuestrado por la política menuda.
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