La Megacomisión que durante 25 meses investigó casos de corrupción durante el segundo gobierno de Alan García anunció ayer que ha culminado su labor. Está en preparación el informe final, que debe ser presentado el viernes 17 al Pleno del Congreso. Alan García y su partido han tratado de impedir, obstruir y desinformar respecto de la investigación; han izado ante esta la bandera del miedo.
César Lévano
Razón Socialcesar.levano@laprimeraperu.pe
Entre los procesos investigados el que más pesa es el de los narcoindultos, que García declaró haber consultado, caso por caso, con Dios. Esto no pasa de ser una coartada, risible, que no invalida el hecho de que delincuentes avezados lograron salir libres o ver modificadas sus sentencias mediante cuantiosos pagos.
El último de los ocho informes elaborados por la Megacomisión congresal que preside Sergio Tejada se refiere a enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial. Los informes ya aprobados en el seno de la Megacomisión examinan los casos de los colegios emblemáticos, restaurados a alto costo y que en muchos casos están en ruinas. Otros escándalos tratados son Sedapal, Agua para todos, decretos de urgencia, Business Track (en el cual estuvo a punto de ocurrir un “faenón”, según lo definió Alberto Químper, asociado con el dirigente aprista Rómulo León. Diversos indicios, así como pruebas desaparecidas, indican que Jorge del Castillo calculaba beneficiarse con millones destinados a financiar su inocultable ambición presidencialista).
Se sabe que en las conclusiones finales, la Megacomisión recomendará acusar constitucionalmente a García, tomando en cuenta sobre todo los casos de narcoindultos y negociados del Business Track.
En su información de ayer, Tejada reiteró que no se ha anulado la investigación a cargo de la Megacomisión. En su desesperación, la cúpula aprista había difundido la tesis de que el Poder Judicial había anulado todos los actos de la Megacomisión. No era exacto. Lo que un Juzgado hizo fue ratificar un fallo anterior, que dispuso la anulación de una parte de las indagaciones, en defensa del debido proceso.
La parte afectada no suprime nada de lo sustancial alcanzado por la comisión que Tejada preside. La prueba contundente de esa realidad será el informe final de una investigación que se ha llevado con rigor y solvencia moral.
Lo que ocurra en el Pleno con el informe será decisivo para la moral pública. En un país en el cual el Congreso tiene la más baja calificación y en el que la política y los políticos padecen del desprestigio más quemante, el destino final del documento de la Megacomisión tiene, literalmente, un papel histórico.
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