Oscar López Meneses le está reclamando un millón de soles a Ollanta Humala por daños y perjuicios. López Meneses se queja, por el momento ante un centro de conciliación, sobre todo de haber sido llamado delincuente por el primer mandatario. Es muy poco probable que Humala se presente a la cita, el próximo viernes 24.
Difícil no relacionar este envalentonamiento de López Meneses con el ingreso del fujimorismo al control de la comisión parlamentaria que investiga el epónimo caso. Como que el personaje simplemente se ha adelantado a la comisión (para defenderse de ella), y a la vez ha expresado un vivo deseo de ser su protagonista, y uno de sus acusadores.
La situación es ridícula, como ha hecho notar más de un abogado. No solo porque Humala goza de protección constitucional en el cargo, sino además porque López Meneses tendría problemas para desmarcarse de todo vínculo con la delincuencia. Una condena de prisión suspendida no es una exculpación; sigue siendo una condena.
A juzgar por otras declaraciones, López Meneses parece más o menos convencido de que la ilegal custodia policial de su domicilio no es problema suyo, sino solo de quienes la dispusieron. Quizás ha recibido aliento de la nueva presidencia de la comisión investigadora en este sentido. O simplemente se apoya en lo piola que ha pasado hasta el momento.
Si López Meneses estuviera realmente convencido de que la cosa no es con él, se quedaría tranquilo a la espera de que todo se resuelva entre militares y policías. En cambio el exabrupto que acaba de cometer sugiere una necesidad de controlar el proceso que se viene; de establecerse como víctima de algún tipo desde el inicio.
Probablemente a los fujimoristas de la comisión les interese llevar también a López Meneses a la hoguera legal, como una demostración pública de separación entre Fuerza Popular y el montesinismo, de ayer y de hoy. El siguiente paso en ese proceso sería amarrar a López Meneses con Humala. De allí la súbita acusación por daños y perjuicios.
Se trataría, pues, de alejar de su persona los reflectores de la comisión investigadora, y evitarse una revisión metódica de su peripecia en estos años. Ahorrarse asimismo preguntas incómodas sobre por qué necesitaba tanta custodia. Hoy las respuestas se mueven entre hipótesis que van desde lo conspirativo hasta lo clínico.
Tenemos, pues, dos López Meneses a falta de uno: el que se benefició de una custodia policial ilegal y el que ha sido perjudicado por un comentario del Presidente de la República. No descartemos que más López Meneses aparezcan por el camino, a medida que las cosas se vayan aclarando, y el fujimorismo le vaya ajustando las clavijas.
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