Las autoridades entraron a la casa de Hernán Garrido Lecca y simultáneamente a 7 viviendas de otros ex trabajadores del Estado, específicamente del segundo gobierno de Alan García Pérez.
Agentes de la Policía y Fiscalía realizaron una operación conjunta en ocho viviendas de ex funcionarios que se encuentran presuntamente implicados en el megacaso de corrupción, en el que la empresa Odebrecht aceptó haber pagado sobornos a extrabajadores del Estado peruano para beneficiarse con licitaciones públicas.
Uno de los domicilios es la del aprista y exministro de las carteras de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y del Ministerio de Salud del segundo gobierno aprista, nos referimos a Hernán Garrido Lecca.
Los agentes policiales entraron al citado domicilio, junto con representantes del Ministerio Público para registrar el inmueble Garrido Lecca; según América TV.
El ex candidato presidencial Fernando Olivera remeció el ambiente político al recordar que Jorge Barata, sindicado como el encargado de distribuir las coimas de Odebrecht en el Perú y los países de toda la región, se reunió en el año 2011, en plena campaña electoral, con los entonces candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala.
“Gracias a la justicia brasileña y de Estados Unidos, los peruanos confirmamos que la organización criminal Odebrecht pagó al menos 29 millones de dólares a autoridades corruptas del Perú”, manifestó Olivera durante una manifestación de protesta que encabezó, escoba en mano, ante la sede de Odebrecht en Lima.
PIDE EXPLICACIONES A KEIKO
En ese sentido, el también exparlamentario y exministro toledista fue más allá y exigió públicamente que la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, responda ante la justicia y explique cuál fue el aporte económico de la cuestionada transnacional a su campaña electoral de 2011.
“Ya Jorge Barata, el coimero oficial de Odebrecht, ha reconocido que se reunió con Keiko Fujimori, con PPK, y con Ollanta Humala en el 2011 en plena campaña electoral. Esto tiene que investigarse. ¿Cuánto ha aportado para su campaña, doña Keiko Fujimori? Repito ¿cuánto ha aportado a su campaña, Odebrecht? Conteste, Keiko Fujimori”, expresó.
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El grupo de trabajo que investiga el caso Lava Jato tendría entre planes convocar al exaspirante a la alcaldía de Lima, Enrique Cornejo a más tardar la próxima semana, según detalló el parlamentario e integrah5te de la mencionada comisión, Jorge Castro.
“Lógicamente vamos a ver lo de Enrique Cornejo. Hay varios temas que vamos a definir allí porque es indudable que las cosas van cambiando en la medida que va cambiando el escenario, en una semana ha habido un cambio sustantivo”, expresó para la Agencia Andina.
Castro sostiene que las órdenes de detención del exfuncionario Edwin Luyo y el exviceministro Jorge Cuba, es el primer paso para luego acceder a personajes más importantes implicados en las presuntas coimas pagadas por la empresa brasilera Odebrecht.
En ese sentido, dicho congresista tiene pensado citar a Enrique Cornejo en la siguiente sesión de la comisión prevista para este miércoles 25 de enero.
El ex candidato presidencial Fernando Olivera remeció el ambiente político al recordar que Jorge Barata, sindicado como el encargado de distribuir las coimas de Odebrecht en el Perú y los países de toda la región, se reunió en el año 2011, en plena campaña electoral, con los entonces candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala.
“Gracias a la justicia brasileña y de Estados Unidos, los peruanos confirmamos que la organización criminal Odebrecht pagó al menos 29 millones de dólares a autoridades corruptas del Perú”, manifestó Olivera durante una manifestación de protesta que encabezó, escoba en mano, ante la sede de Odebrecht en Lima.
PIDE EXPLICACIONES A KEIKO
En ese sentido, el también exparlamentario y exministro toledista fue más allá y exigió públicamente que la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, responda ante la justicia y explique cuál fue el aporte económico de la cuestionada transnacional a su campaña electoral de 2011.
“Ya Jorge Barata, el coimero oficial de Odebrecht, ha reconocido que se reunió con Keiko Fujimori, con PPK, y con Ollanta Humala en el 2011 en plena campaña electoral. Esto tiene que investigarse. ¿Cuánto ha aportado para su campaña, doña Keiko Fujimori? Repito ¿cuánto ha aportado a su campaña, Odebrecht? Conteste, Keiko Fujimori”, expresó.
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El ex candidato presidencial Fernando Olivera remeció el ambiente político al recordar que Jorge Barata, sindicado como el encargado de distribuir las coimas de Odebrecht en el Perú y los países de toda la región, se reunió en el año 2011, en plena campaña electoral, con los entonces candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala.
“Gracias a la justicia brasileña y de Estados Unidos, los peruanos confirmamos que la organización criminal Odebrecht pagó al menos 29 millones de dólares a autoridades corruptas del Perú”, manifestó Olivera durante una manifestación de protesta que encabezó, escoba en mano, ante la sede de Odebrecht en Lima.
PIDE EXPLICACIONES A KEIKO
En ese sentido, el también exparlamentario y exministro toledista fue más allá y exigió públicamente que la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, responda ante la justicia y explique cuál fue el aporte económico de la cuestionada transnacional a su campaña electoral de 2011.
“Ya Jorge Barata, el coimero oficial de Odebrecht, ha reconocido que se reunió con Keiko Fujimori, con PPK, y con Ollanta Humala en el 2011 en plena campaña electoral. Esto tiene que investigarse. ¿Cuánto ha aportado para su campaña, doña Keiko Fujimori? Repito ¿cuánto ha aportado a su campaña, Odebrecht? Conteste, Keiko Fujimori”, expresó.
Mientras que en los 8 arbitrajes que el Estado le ganó, Odebrecht no le tuvo que pagar nada, criticó el periodista.
El periodista Gustavo Gorriti informó que el Estado perdió un total de 35 de los 42 arbitrajes que disputó contra Odebrecht por controversias en diferentes proyectos de infraestructura que desarrolló en nuestro país.
Y por ello debió pagar a la compañía brasileña US$ 250 millones.
En contraparte, en los 7 arbitrajes que ganó Perú, no se requirió de ningún pago al Estado de parte de Odebrecht.
“Odebrecht no le pagó ningún centavo al Estado. Había una acumulación obsena de sobrecostos en los proyectos ¿Por qué razón no había ninguna reacción (de nuestras autoridades)?”, criticó.
El director de IDL-Reporteros refirió que ello muestra un patrón de conducta anormal del Estado respecto a Odebrecht.
“En todos estos años Odebrecht fue el principal contratista del Estado. ¿Por qué no hubo antes interés de investigar? ¿Por qué ahora empieza la acción (de Perú) para las plateas en momentos que es un escándalo que ha venido desde afuera y se decidirá también desde afuera?”, subrayó Gorriti.
En esa línea, refirió que la Fiscalía peruana actúa lenta y cautelosa, sobre todo si se compara con el accionar en Brasil.
“Mi impresión es que el fiscal Pablo Sánchez es una persona honesta, pero lenta y formalista”, apuntó.
Delaciones claves El periodista refirió que las declaraciones de Jorge Barata y Sergio Neves serán claves para avanzar en las investigaciones en el Perú.
No obstante, señaló que uno de los errores de la Fiscalía fue permitir que Barata salga del país en diciembre pasado.
“Si hubiera sido arraigado (en el Perú), en este momento él y los fiscales brasileños tendrían mucho interés en acelerar su confesión para poder incorporarlo en el esquema corporativo. El Perú hubiera tenido mucha mejor capacidad de negociación”, anotó.
Gorriti agregó que toda lo información del caso Odebrecht es de algo más de 5 terabytes, mientras que la de Panama Papers es algo más de 2 terabytes.
La Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cusco, que preside el abogado Luis Alfonso Sarmiento, finalmente dictó sentencia a 16 de los 37 acusados (exfuncionarios de la Dirección Regional de Educación y servidores, así como exdirigentes del Sutep y Fentase en Cusco) por apropiarse mas de 5 millones de soles del SubCafae Cusco, entidad financiera del magisterio.
Los otros 21 no asistieron a la lectura de sentencia, por lo que se dispuso su conducción compulsiva. Sin embargo, hasta el momento la policía judicial no los captura pese a que la mayoría siguen laborando con total tranquilidad en la Dirección Regional de Educación.
Los jueces hallaron culpables a 14 personas que se apropiaron dinero de los maestros. A Luisa Álvarez y Jorge Washington los condenaron a tres años de pena suspendida de la libertad y dos años de inhabilitación para ejercer cargo público.
Mientras tanto, fueron condenados a cuatro años de pena suspendida y tres años de inhabilitación Guillermina Manya, Manuel Zevallos, María Ramos, y Marina Puma.
Recibieron la misma condena Juana Muñoz, Carlos Aceitenuno, Víctor Barrios, Henry Venero, Víctor Lizárraga, Alfredo Riveros, Edgar Montaño y Javier Niño de Guzmán.
La fiscal Rocío Zevallos había pedido para todos cinco años de cárcel por los delitos de peculado doloso agravado, malversación de fondos, apropiación ilícita para delinquir y falsificación de documentos; sin embargo, el colegiado de la sala les dio pena benigna pese a que se apropiaron de más de cinco millones de soles; sólo algunos devolvieron el dinero ilegalmente recibido durante muchos años.
Además, del sentimiento de impotencia y fatalismo que se cierne sobrela sociedadengeneral, otro de los efectos devastadores del escándalo Odebrecht es la desconfianza generalizada ante los políticos y los altos funcionarios del Estado. Los ciudadanos de a pie, dentro de algunos meses nuevamente electores, escucharán y leerán propuestas de obras públicas con justificado recelo, sabiendo que detrás de ellas potencialmente se disimulan nuevas rapiñas y corruptelas organizadas.
Los mecanismos que hacen posible encubrir la corrupción son de una perversa sofisticación y van más allá de nuestras fronteras. Los protagonistas de la corrupción están protegidos por las mismas leyes que salvaguardan nuestros derechos individuales y nuestra privacidad, haciendo prácticamente imposible descubrir a los beneficiarios finales de los cohechos, sobornos y otras malversaciones del erario nacional.
Uno de los artificios más comúnmente utilizado por estos criminales de cuello blanco es la utilización de familiares y terceras personas para recibir, lavar y usufructuar los beneficios de sus fechorías. Las autoridades de supervisión bancaria a nivel mundial intentan contrarrestar este mecanismo a través de controles y reportes que, sin ser inútiles, no parecen ser tan efectivos. En el Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros lleva a cabo una loable actividad de regulación y control. Sin embargo, el respeto a las leyes vigentes dificulta un control más sutil que tal vez podría prevenir casos de corrupción de la dimensión de Odebrecht.
En esta situación se presenta una enorme oportunidad para los políticos y funcionarios honrados. Por qué no imaginar una “Asociación Nacional de Funcionarios y Políticos Íntegros” dispuestos a someterse voluntariamente a un proceso de control y escrutinio, actualmente imposible debido a los límites que impone la ley. En esta asociación, cada político y funcionario voluntariamente registraría no sólo sus datos personales, sino que invitaría a sus familiares y asociados profesionales para conformar una mega base de datos de “Personas sin miedo a la sospecha” que podría ser utilizada por todas las entidades bancarias a nivel nacional e internacional. También esta asociación de autocontrol podría registrar todas las compras y adquisiciones de bienes de un determinado valor y que podrían, en un contexto de investigación, despertar suspicacias.
No hay duda de que pertenecer a esta hipotética y fantástica asociación demandaría a sus miembros una formidable vocación civil y espíritu de sacrificio. A cambio otorgaría a sus integrantes el espaldarazo moral de saberse “sin miedo a la sospecha”: ignominia de la que, desgraciadamente, ningún funcionario o político peruano parece estar libre en estos momentos.
Muy bien la Fiscalía de la Nación. A la cárcel. Ratas como esas ensucian grandes obras que sirven al pueblo”, escribió ayer el exjefe de Estado Alan García, en su cuenta de Twitter, en referencia a la detención del expresidente del comité de licitación del Metro de Lima Edwin Luyo Barrientos y a la fuga del país del exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo.
Según la Fiscalía, Luyo y Barrientos, ambos funcionarios del segundo gobierno aprista, habrían recibido una coima de más de USD 7 millones para que Odebrecht obtenga la licitación de la referida obra. No obstante, García – en su cuenta de Twitter– dejó entrever que habría otros dos exfuncionarios de su administración que estarían involucrados en las coimas pagadas por la constructora brasileña.
“Dura vida. Mientras cuatro ratas aprovechan nuestros votos y el partido, muere un aprista honesto como ‘Toloche’ Fernández”, señaló el exmandatario.
NO SON APRISTAS
Por su parte, el secretario general del Apra, Omar Quesada, señaló que Cuba y Luyo no son militantes del partido de la estrella y subrayó que son malos funcionarios.
Un hecho que llama la atención es que el representante de Odebrecht-Perú y Odebrecht- Latinvest, Jorge Simoes Barata, se reunió entre 2006 y 2011, en Palacio de Gobierno, 13 veces con el expresidente Alan García.
En dos ocasiones, participó el dueño de la empresa, Marcelo Bahía Odebrecht, quien llegó desde Brasil para estar presente en dicha cita.
Según la acusación de la fiscalía norteamericana, la empresa Odebrecht, para influenciar al comité e licitación para que le ayude a asegurar el contrato, acordó pagar USD 1.4 millones a un funcionario de alto nivel del Gobierno peruano y a miembros del comité de licitación para el proyecto. En el 2009, Odebrecht ganó el contrato, valuado en aproximadamente USD 400 millones.
Citado en febrero
El exmandatario Alan García envió una carta al Congreso la semana pasada, en la que pide a la comisión Lava Jato ser citado para declarar, lo más pronto posible, sobre las presuntas coimas pagadas en su gobierno por parte de Odebrecht. Según fuentes consultadas, García será citado en febrero junto a los otros expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
El Poder Judicial acogió el pedido de la Fiscalía y dictó 18 meses de prisión preventiva a Edwin Luyo Barrientos, expresidente del Comité de ProInversión para la Línea 1 del Tren Eléctrico.
Luyo Barrientos es el primer funcionario detenido en nuestro país por presuntamente haber recibido coimas de la empresa Odebrecht para beneficiarla en licitaciones de obras públicas, en este caso del Metro de Lima, realizada durante la gestión de Alan García.
El titular del Tercer juzgado de Investigación Preparatoria, Ricardo Manrique, indicó que Luyo estará en prisión hasta el 19 de julio del 2018.
Durante la lectura de la sentencia, el magistrado precisó que existe convicción en la comisión del delito de cohecho pasivo propio por parte del exfuncionario durante el gobierno aprista.
Asimismo, admitió la tesis del Ministerio Público acerca del presunto delito de lavado de activos en el caso de Luyo, debido al movimiento de dinero por medio de una empresa offshore, a una entidad de la banca privada de Andorra.
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro, a cargo del caso, explicó que “a través de AEO Group INC, la empresa Odebrecht transfirió la suma de US$196 mil el 11 de julio del año 2013; así como también, el 11 de abril de 2014, la suma de US$304 mil a la cuenta Oblong International INC, vinculada al imputado Edwin Luyo”.
sueldos de los maestros de la III a la VIII escala, se ha oficializado el incremento de las horas pedagógicas de 32 a 35 horas semanales, despido de maestros y maestras por evaluaciones frondosas que no calzan con el tiempo de ejecución de las pruebas. Al parecer los gobiernos sólo tendrán en planillas en una media 50% de maestros y maestros en la I y II escala nada más; 10% de la III a la VIII escala en cargos directivos, jerárquicos, 40% de maestros y maestras en situación de contrato; pues las vacantes de ascenso de escala están matemáticamente calculados en esa perspectiva; no todos los que aprueben la evaluación lograrán un ascenso, sino, dependerá de el número de cupos que se establezca y éstas metas están fríamente calculados. La meritocracia se ha deslucido, creo que conviene ahora iniciar una nueva carrera, la política!!! El magisterio al poder, en lo cargos de presidente, ministros, congresista, alcalde, gobernador, consejero, regidor, para defender la escuela pública, mejora de los aprendizajes de niños y niñas, mejora de la calidad de vida de los peruanos, recuperar el Estado para los peruanos y mejorar la calidad de vida de los maestros y maestras, no veo otro camino, nuestras autoridades no tienen una perspectiva de amor por el Perú!!!.Unidad maestros y maestras!!!!
Lamentablemente 16 congresista de la Comisión permanente no aceptaron muestra propuesta de no aprobarla. Los PPK, APP, AP y algunos de FS sumaron esos votos ante nuestra insistencia de negación. La Ministra afirma que es de gran beneficio para los Maestr@s. Ahora ell@s tiene la palabra. Nuestro punto de vista desde el Frente Amplio, es que si bien habrá incremento salarial y permite que docentes de IES tengan su incremento, esto no puede estar condicionado al incremento de la jornada laboral del maestro, la reducción de los % remunerativos en las diferentes escalas y persistir em el despido magisterial.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso el otorgamiento de 400 soles de bonificación por escolaridad para los trabajadores del sector público, la cual se abonará, por única vez, en la planilla de pagos del mes de enero del 2017.
El Decreto Supremo Nº 001-2017-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, precisa que la bonificación se otorga a los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 y la Ley N° 29944; los docentes universitarios a los que se refiere la Ley N° 30220 y al personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153.
Asimismo, a los obreros permanentes y eventuales del sector público; el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; y los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley N° 15117, los Decretos Leyes N°s 19846 y 20530, el Decreto Supremo N° 051-88-PCM y la Ley N° 28091.
Los trabajadores del sector público que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada perciben la bonificación por escolaridad conforme al numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley N° 30518. 2.3, mientras que los servidores penitenciarios perciben bonificación por escolaridad de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley N° 29709.
Podrán percibir la bonificación el personal del sector público que esté trabajando a la fecha de vigencia de la presente norma, o en uso del descanso vacacional, o de licencia con goce de remuneraciones o percibiendo los subsidios a que se refiere la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
También aquellos que tengan una antigüedad de servicio no menor de 3 meses a la fecha prevista hasta la publicación de la norma. Si no contara con el referido tiempo, dicho beneficio se abona en forma proporcional a los meses laborados.
El Decreto Supremo está refrendado por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y por el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne.
Estudiantes de 5to grado de primaria escuchan atentamente la clase de una entusiasta maestra, que explica con gran despliegue de recursos (videos, poemas, relatos) la simbología de una cultura ancestral. Varios alumnos responden con interés a las constantes preguntas de la profesora, dando sus opiniones e impresiones sobre el tema de la presentación. La maestra los escucha atentamente y al término de cada intervención sonríe y asiente, expresando su conformidad con las palabras «muy bien», «muchas gracias», llamando a cada uno por su nombre, para inmediatamente retomar su discurso en la parte en que lo dejó. A simple vista, se trata de una docente convencida del valor de la participación de los estudiantes en su propio aprendizaje, pues lo incentiva y propicia a cada instante. Salvo por un detalle.
En ningún momento se detiene a recoger las opiniones de sus alumnos para propiciar un diálogo o incluso un debate, relacionándolas con el propósito de la clase y con las ideas que ha ido exponiendo. A decir verdad, la profesora ha escuchado a todos con atención y respeto, pero no ha abandonado en ningún momento su propio discurso. Si nadie hubiera opinado, la clase hubiera sido exactamente la misma.
Esta es una manera de entender la participación. Como un rito, un rito amable por cierto, pero vacío. Todos pueden hablar, pero sus opiniones solo son dignas de gratitud, no de convertirse en objeto de reflexión, diálogo e intercambio.
Escena 2
Un grupo de estudiantes universitarios, encabezados por su Centro Federado, habla con el decano de su facultad de educación para pedirle que propicie una mayor participación de los alumnos en actividades culturales y académicas diversas al interior de la facultad. Es importante que se involucren en el debate de los temas de la agenda educativa que interesan al país, le dicen, y que no se limiten al papel de receptores pasivos de conocimientos. El decano es de la misma opinión y le promete realizar un ciclo de paneles, conferencias y conversatorios que sometan a diálogo abierto varios temas críticos de la política educativa, invitando incluso a las propias autoridades. Se acuerdan los temas y las fechas. En efecto, el ciclo se desarrollaría después a lo largo de una semana, incluyendo cine fórum y teatro, con estricta puntualidad y buena organización. Salvo por un problema.
En todas las actividades desarrolladas, la participación de los estudiantes fue mínima. Auditorios raleados, donde el público incluía profesores y algunos alumnos de otras facultades, escasas preguntas, ninguna discusión relevante. Los mismos promotores de la iniciativa aparecieron en una que otra actividad, no en todas. Como es fácil deducir, el decano quedó desconcertado.
Esta es otra manera de entender la participación, como un reclamo. Esta vez, de canales y oportunidades, pero que después no se utilizan, porque todos se encuentran ocupados en asuntos más importantes que la cosa pública o el bien común. Pero luego seguirán reclamando, esta vez por decisiones que se tomaron sin ellos.
Escena 3
Un ciudadano que cree sinceramente en el valor de la participación difunde una opinión en las redes sociales sobre un tema de política pública, con el interés de provocar un diálogo entre sus contactos sobre las ideas que está exponiendo. Elige el tema, reúne información, coteja datos, reflexiona, elabora un pensamiento y lo argumenta, luego lo escribe, lo revisa, lo corrige, hasta lo da a leer para recoger aportes que le ayuden a comunicar mejor lo que quiere decir. Está convencido de lo que dice, pero a la vez abierto a escuchar opiniones distintas que lo hagan pensar y considerar otras perspectivas. Después lo publica. Se siente satisfecho pues está ejerciendo un derecho, le interesa aportar, cree realmente que el gobierno de su país es responsabilidad de todos. Pero surge un problema.
Al poco tiempo de haberlo publicado, personas diversas le dejan comentarios agresivos, unos sarcásticos, en los que se burlan de sus opiniones, otros que lo atacan a él como persona, atribuyéndole una serie de calificativos que ponen en duda su honestidad o acusándolo directamente de algo malo en base a suposiciones, con el afán de ridiculizarlo o restar credibilidad a sus palabras. No discuten sus ideas. No argumentan un punto de vista contrario. Solo se limitan a hacer afirmaciones opuestas, dándole el valor de una verdad indiscutible.
Esta es otra manera de entender la participación, como oportunidad para la descalificación y el rechazo de cualquier postura distinta, como negación del otro, lo que se hace sacando la discusión del terreno de la razón para llevarlas al terreno de la moral, escandalizándonos por el hecho inconcebible de que alguien piense diferente y se atreva a retar nuestras creencias.
…
Todo el proceso alrededor de la interpelación y la censura al ministro Jaime Saavedra, incluida la campaña sobre la supuesta «ideología de género», tal como ocurrió durante el último proceso electoral, ha puesto de relieve el lado más irracional y tanático que es capaz de exhibir un sector de peruanos en la vida pública, y que los ha revelado más predispuestos a avasallar e imponer sus intereses a cualquier precio, aún a costa de la verdad, que a participar con actitud ciudadana en el debate de ideas.
En los últimos 20 años se ha puesto mucho énfasis en la inclusión de la educación ciudadana de nuestros estudiantes en el currículo escolar, aunque han sido muy pocas las veces que se han evaluado estas capacidades a través de pruebas nacionales. De hecho, los programas nacionales de formación docente han acentuado más los temas de didáctica para la enseñanza de la matemática y la lectura que para los temas de educación ciudadana, quizás desde la premisa –según las estadísticas- de que cada punto de mejora en la alfabetización básica de los estudiantes puede mover hacia arriba los indicadores de crecimiento del Producto Bruto Interno del país. Es decir, beneficia el crecimiento y la modernización del país.
Alberto Vergara advirtió el pasado noviembre de las graves consecuencias políticas de haber sobrestimado la teoría de la modernización hasta el punto de creer que, cuando los países se modernizan, es decir, «cuando se urbanizan, superan niveles de pobreza extremos, aumentan sus tasas de alfabetización, complejizan y fortalecen sus economías, entre otros indicadores sociales y económicos, también desarrollarán unos sistemas políticos más democráticos, institucionalizados, inclusivos». El problema, dice Vergara, es que a estas alturas la teoría hace agua: «Después de años brindándole la más absoluta prioridad al crecimiento económico y constatar que su expansión no se traduce en unas instituciones más sólidas y legítimas, ni en una política más ordenada, es hora de ponerla en entredicho. Este país es mucho más rico que hace veinte años y, sin embargo, se nos desmondonga política e institucionalmente por todos lados».
El informe del Latinobarómetro para el 2016 señala que la satisfacción con la democracia «cae desde el 38% en 2015 al 34 % en 2016, y viene disminuyendo sin pausas desde 2009, en una correlación bastante nítida con el deterioro del crecimiento desde 2010». Dice el informe que este decrecimiento se encuentra muy relacionado al funcionamiento de los gobiernos, pero que históricamente ha sido inferior al apoyo a la democracia. Es decir, podríamos no estar conformes con los gobernantes pero sin disminuir por eso nuestra adhesión a la democracia como sistema político. No obstante, la realidad es otra. En Latinoamérica, la mitad de la región piensa que vale la pena un gobierno autoritario si acaso resuelve las demandas sociales. Quienes piensan así en el Perú suman el 40% de la población.
Hoy por hoy, en las escuelas del país, es decir, en aquellas entidades heredadas del siglo XIX que jamás fueron concebidas como organizaciones democráticas, la participación de los estudiantes es prácticamente inexistente o es apenas un rito vacío o es un canal abierto pero nunca transitado (los CONEI por ejemplo) o es una oportunidad para la burla y la descalificación.
Ahora que ser troll en las redes sociales se ha vuelto un oficio remunerado, que haya gente que cobra un sueldo por insultar y difamar es una señal muy clara del grado de deterioro de la ya débil conciencia democrática que hemos exhibido como sociedad a lo largo de la historia republicana. Y cabe preguntarse si esta clase de individuos, que hasta llegan a ser profesionales, son fabricados en las escuelas y si son un producto directo de una educación que no sabe cómo se enseña a pensar, pero sí a repetir sin reflexión lo que otros dicen.
El reto para los educadores es múltiple. Empieza por aceptar que una buena alfabetización básica está lejos de ser suficiente para formar ciudadanos que creen en la democracia y la ejercen consecuentemente; por convencerse de que enseñar los contenidos curriculares de la ciudadanía en las aulas, en el contexto de una escuela autoritaria, donde los adultos establecen con los estudiantes una relación de dominio, es un contrasentido inaceptable; por hacer de la participación de los alumnos una experiencia productiva de intercambio de miradas y construcción de acuerdos, no una pantomima ritual; por aprender y enseñar a respetar ideas distintas, a discutir racionalmente y a no arrojar al fuego de la abominación al que se atreva a pensar distinto. Pobre mi país, las escuelas lo reflejan de tantas maneras. Pero en este, como en muchos otros temas, una de las claves del cambio está en las aulas.
Compartimos con ustedes los 112 decretos legislativos expedidos al amparo de la Ley 30506, Ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.
