Jueves,
26 de diciembre de 2013 | 7:01 am
Estafa.
La ligereza con la que se emitió autorizaciones de funcionamiento a
universidades ha agravado la crisis de la educación
superior.
Estafa.
La ligereza con la que se emitió autorizaciones de funcionamiento a
universidades ha agravado la crisis de la educación
superior.
Estafa.
La ligereza con la que se emitió autorizaciones de funcionamiento a
universidades ha agravado la crisSegún
la ANR, 25 de esos precarios centros de estudios están en Lima. Algunos se
encuentran en esa situación desde hace más de 10 años. Experto del IEP afirma
que este problema evidencia el desorden en el que trabajan estas
entidades.
"Mala
calidad" fue el argumento que más se utilizó en los últimos meses para
criticar a la universidad peruana.
Muchos
la defendieron y pidieron que no se meta a todas las casas de estudios
superiores en un mismo saco, pues no todas son iguales, lo cual es verdad. Según
registros de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), de las 140
universidades, entre públicas y privadas, que funcionan en el país,
solo 76 son institucionalizadas.
El
resto, es decir, 64 sedes, solo cuentan con
una autorización provisional de funcionamiento otorgado por el
Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades
(Conafu). Sin embargo, en el registro de esta entidad figuran solo 51, e incluso
algunas solo cuentan con Ley de Creación.
Por
tener esta condición, en lugar de un rector, las dirige el presidente de una
comisión organizadora.
Solo
en Lima hay 25 universidades en esa situación, aunque, según el
Conafu, sólo son 19. Entre ellas figuran las universidades Peruana Simón
Bolívar, Nacional Tecnológica del Cono Sur, de Ciencias y Humanidades, Peruana
de Integración Local, Autónoma del Perú, Arzobispo Loayza, Ciencias y Artes de
América Latina, Peruana de Arte Orval, Privada SISE, por mencionar solo
algunas.
A
pesar de su condición de provisionalidad, que no garantiza que cuenten
con lo necesario –en infraestructura ni en personal docente
calificado–, igual entregan títulos en nombre de la Nación.
Inclusive,
a pesar del tiempo transcurrido, hay universidades, como la de Desarrollo
Andino, la Privada Sergio Bernales y la Nacional Intercultural de la Amazonía,
que no han regularizado su situación y trabajan con la autorización
"provisional" desde hace más de diez años, sin que ninguna norma se lo
impida.
Muchas
universidades, 16 en realidad, fueron creadas por el Congreso durante el segundo Gobierno de Alan
García, sin importar si tenían o no recursos, local propio
o si comenzaron sus funciones sobre la filial de otra universidad e institutos
que ya estaban funcionando, como ocurrió con doce casas de estudios superiores,
lo cual generó conflictos y enfrentamientos. Por eso llama la
atención que el Apra ahora cuestione este problema.
Tal es el caso de las
universidades nacionales de Barranca y autónoma de Tayacaja "Daniel Hernández
Morillo".
Y
a pesar del desorden en la creación de universidades, legisladores como Pedro
Spadaro, Renán Espinoza, Yonhy Lescano, Ana Jara, José Urquizo y Rubén Coa
propusieron sus respectivos proyectos de ley para crear otras
instituciones más en sus regiones de origen.
Lucrativas
Pero
además de todo ello, existen dos tipos de universidades privadas: las que siguen
al amparo de la Ley Universitaria vigente (sin fines de lucro) y las que regula
el Decreto Legislativo N° 882 (con fines de lucro). Sin
embargo, no hay gran diferencia en el cobro de pensiones entre unas y otras.
El
presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior
(FIPES), José Dextre Chacón, señaló en una columna a mediados de año, que "la
PUCP, la de Lima, Cayetano Heredia o Pacífico, poseen pensiones iguales
o mayores a las universidades con fines de lucro, o mejor llamadas
Societarias por ser su persona jurídica una Sociedad Anónima".
Es
decir, señala Dextre, que el lucro o no lucro no garantiza la
gratuidad ni que haya pensiones más bajas.
¿Cuál
es la diferencia? Dextre indica que "simplemente el destino del saldo (utilidad
o excedente) que surge al restar los egresos de los ingresos".
Problemas
y desorden
El
investigador en temas de educación del Instituto de Estudios Peruanos (IEP),
Ricardo Cuenca, refiere que este escenario indica que hay un problema con los
mecanismos de lacalidad educativa que tiene el país, ya que los
organismos que deberían velar por ese "aseguramiento de calidad" están
trabajando de manera aislada al momento de brindar las autorizaciones y
acreditaciones a las universidades.
"La
autorización, que se conoce como el licenciamiento, es decir, el control
de calidadque el Estado otorga a las universidades para que estas
funcionen, está en manos del Conafu y no está funcionando del todo bien",
remarca, y lamenta que egresen estudiantes que no han sido bien preparados.
Agrega
que más allá de la legalidad de los títulos que entreguen las
universidades no institucionalizadas, estos tienen poco valor comercial, por lo
cual las posibilidades de los jóvenes egresados para conseguir empleo serán casi
nulas.
De
hecho, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Perú se encuentra
como el segundo país con mayor subempleo en América Latina.
Cuenca
añade que el Conafu no debería tardar 10 años para otorgar una licencia
definitiva, pero existe un vacío legal en el que trabajan; similar al
que tiene la ANR, que recibe fondos del pliego del Ministerio de Educación sin
llegar a ser un Organismo Público Descentralizado (OPD) de esa cartera.
Pero
además, dice, sería ideal saber bajo qué criterio se otorgan los
permisos, pues parecen ser más que elementales.
Asimismo,
recomendó que además de un organismo del Estado que vele por el adecuado
otorgamiento de las licencias de funcionamiento y la acreditación, se
necesitan auditorías académicas que evalúen periódicamente el
funcionamiento de las universidades.
"Este
sistema de auditoría no existe y por eso tenemos una situación
caótica, no solo en el Perú sino en América Latina", sostuvo.
Aunque
remarcó que la calidad debería garantizarse desde un inicio, es decir, al
momento de entregar la licencia de funcionamiento, porque si no los estudiantes
y sus padres tendrían que esperar cuatro o cinco años para la
acreditación. En pocas palabras, estudian en un lugar sin garantía.
Plazo
para licencia debe ser de 5 años
El
vicepresidente de la ANR, Enrique Bedoya, explicó que las universidades
institucionalizadas responden a esta entidad y tienen plena autonomía, mientras
que las no institucionalizadas se encuentran en el ámbito del Conafu, que es el
encargado de evaluarlas.
Señala
que lo ideal es que máximo en cinco años las universidades logren
su licencia de funcionamiento definitiva.
La
ANR advierte que la entidad que usa las denominaciones "Universidad Privada Los
Ángeles", "empresa universidad Los Ángeles SA" o "empresa universidad Los
Ángeles SRL", carece de valor legal, por lo que sus títulos no
tiene validez.
Precisaron
que la sede que sí tiene validez es la Universidad Católica Los Ángeles de
Chimbote.
En
cifras
76
universidades tienen la condición de institucionalizadas.
64
universidades funcionan con una licencia provisional.
16
casas de estudios superiores fueron creadas en el gobierno
anterior.
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