Editorial: Frente al crimen, el derecho
Ante las amenazas de la delincuencia es clave responder enérgicamente, pero siempre dentro de la ley.
El ministro del Interior ha planteado calificar de terrorismo el uso de granadas por extorsionadores. Ha reconocido, de antemano, que se debe hacer un análisis jurídico de la propuesta.
No está mal hacer propuestas y discutirlas. Aunque varios ministros del mismo Gabinete tengan posiciones distintas, siempre será bueno discutir sobre medidas para combatir la delincuencia. Lo importante es resolver y actuar de manera rápida, eficaz y eficiente. Para el ministro Pérez Guadalupe “el uso de granadas por parte de delincuentes para atemorizar a las víctimas permite la calificación de terrorismo”. No es necesario, agrega, que se trate de una “organización criminal ideologizada”.
Hay gente que piensa que se necesita “mano dura” contra los extorsionadores. Cree que a los terroristas se les trata duramente y que, por eso, habría que extender ese trato a otro tipo de delincuentes. Pero si la sociedad civil, a lo largo del tiempo, cambia de estándares en relación con las penas, lo que corresponde es hacer una reforma de las mismas. Usar el tipo penal de un delito para castigar otro delito, solo porque la norma está a la mano, es una distorsión seria del ordenamiento jurídico.
La aplicación de un tipo penal no debe depender de una disposición del Ejecutivo. Tampoco debe responder a la necesidad de aumentar la severidad de una pena. Menos, debe ser un recurso emocional frente al estado de inseguridad que se vive.
La delincuencia está ganando terreno en la calle. No dejemos que gane terreno frente al Estado de derecho. Ningún ordenamiento jurídico puede funcionar si no hay certeza de la ley. Y si la ley castiga el terrorismo con unas penas y, con otras, la extorsión, el sicariato o el crimen organizado, debe respetarse tal ordenamiento.
La pena tiene relación con la naturaleza del delito. La extorsión sigue siendo extorsión, al margen de los medios materiales que utiliza. Una llamada telefónica, una bala en un sobre o una granada pueden usarse en una guerra, en una intervención policial, para una extorsión o en un plan terrorista.
El terrorismo está definido como el delito de quien “provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población”. Ello incluye “actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales”, entre otros (D.L. 25475, art. 2). Sin embargo, si solo se tomara como terrorismo este último extremo, todos los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud deberían ser igualmente calificados de terrorismo.
El Tribunal Constitucional resolvió el tema señalando que “los jueces no pueden condenar, al amparo de dicho artículo 2 del Decreto Ley 25475, a una persona por el solo hecho de que se haya lesionado o puesto en peligro los bienes jurídicos señalados… sin tomar en cuenta la culpabilidad” (Exp. Nr. 010-2002-AI/TC). Esto quiere decir que se debe tener en cuenta la intencionalidad del autor.
En otras palabras, si un delincuente quiere crear temor en su víctima para obtener dinero de ella, no es terrorista, aun cuando de paso cause zozobra en el resto de la población. De hecho, también causan zozobra en la población los crímenes pasionales, los delitos de corrupción política y las barras bravas. No decimos, sin embargo, que esos casos deban ser encausados como terrorismo.
Frente a las amenazas de la delincuencia hay que responder con mayor apego al derecho. Hay que responder enérgicamente, pero dentro de la ley. Un sistema de leyes perforado por excepciones, interpretaciones subjetivas y dilataciones semánticas solo conviene al que quiere evadir una ley clara y un derecho cierto.
La respuesta ante la delincuencia está en manos de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana y en manos de quienes administran justicia. Si queremos una reforma de las penas, discutamos una reforma penal. Y exijamos a las autoridades que cumplan estrictamente su papel.
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