Economista
El Perú ha logrado avances económicos notables desde 1990. El ingreso por habitante se ha multiplicado más de dos veces y, por primera vez en nuestra historia, dejar el subdesarrollo es una posibilidad real. Pero, nuestro camino hacia la prosperidad está seriamente amenazado por el cáncer de la corrupción, y derrotarlo debe ser prioridad de todos.
La corrupción destruye la legitimidad del Estado y desmoraliza al ciudadano. Los peruanos observamos, con impotencia y rabia, cómo muchos políticos han utilizado el Estado para enriquecerse a expensas de nuestros bolsillos. ¿Cuál es el sentido de pagar impuestos si las coimas deciden las licitaciones públicas? ¿Para qué respetar la ley cuando los sobornos son el pan de cada día en la administración de justicia?
La corrupción es una barrera al desarrollo económico porque distorsiona la inversión pública. ¿Cómo explicar si no, que en un país donde la provisión pública de seguridad ciudadana es una broma pesada, donde la anemia infantil está en aumento, donde cientos de miles de peruanos no tienen agua y desagüe, el Estado financie con alegría elefantes blancos con rentabilidad social negativa como la Interoceánica o el Gasoducto del Sur?
Además, la corrupción corrompe al sector privado pues, al premiar a los pillos, evita que el talento de las personas honestas sea asignado a mejoras en eficiencia y productividad. ¿Cuál es el incentivo a ser más eficiente cuando una “propina” asegura un contrato con el Estado?
La parálisis de la inversión privada en Brasil, sumido en el escándalo Lava Jato, debería ser una clarinada de alerta del potencial destructivo de la corrupción para la economía. Y alerta urgente pues, según Transparencia Internacional, el Perú es aún más corrupto que Brasil.
La lucha contra la corrupción debe ser liderada desde la cabeza misma del Estado. ¿Pero, cómo asegurarnos de que nuestros gobernantes actúen con honestidad? Una posible solución sería, como lo ha sugerido Ricardo Lago en este diario, seguir el ejemplo de Guatemala, y constituir una fiscalía especial con la misión de investigar cualquier atisbo de corrupción en las altas esferas del gobierno. Esta fiscalía debería estar dirigida por magistrados extranjeros de reconocida trayectoria, nombrados por las Naciones Unidas, para asegurar su independencia.
¿Qué político, genuinamente interesado en evitar la impunidad de los corruptos podría estar en contra de la formación de esta fiscalía? Ninguno. Entonces, ¿qué esperamos?
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