Salvo entre el Congreso, hay consenso en que el dictamen de la ley de partidos políticos que ahí se discute es un mamarracho cuya aprobación solo significaría un retroceso de la calidad de la política peruana.
En vez de avanzar en una reforma positiva de un marco que es fundamental, pues ahí se origina la vida política del país, el dictamen constituye una contrarreforma que dejó de lado las valiosas recomendaciones planteadas por el JNE y la ONPE.
Como señala un comunicado de ambos organismos, el dictamen del Congreso no obliga a que la ONPE organice y supervise las elecciones internas de los partidos, y a que el JNE resuelva las controversias. Asimismo, aumenta el porcentaje de candidatos que se puede designar a dedo, al margen de la votación interna. Tercero, se obvia cualquier sanción real a los partidos que no rindan cuentas de sus fuentes de ingreso. Y, cuarto, no se precisa nada sobre las fuentes privadas de financiamiento partidario y electoral.
En resumen, este dictamen deteriora el actual marco normativo de la política. Un experto en temas electorales como Fernando Tuesta Soldevilla señala que “el dictamen está lleno de retrocesos, es lo que hemos denominado la contrarreforma; esperamos que el pleno no lo apruebe como está”.
Si se aprobara el dictamen como está, la consecuencia sería que el próximo proceso electoral muy probablemente produciría un peor resultado del que hoy tenemos, y lo que hoy tenemos es una política que es, en general, corrupta y mediocre.
¿Aprobará el Congreso el dictamen tal como está? Quién lo sabe. Lo más probable es que, ante la crítica generalizada de las instituciones especializadas y de los principales expertos en la materia, no se haga nada y quedemos como estamos ahora. O sea, muy mal.
A pesar de ello, el esfuerzo realizado por esas instituciones y expertos es valioso, pues puso el tema en agenda. Ahora hay que presionar a quienes deben realizar la reforma.
El problema de fondo es que los que deben ser responsables de mejorar las normas de la vida política del país son los que hoy se benefician del desastre que ahora tenemos, lo cual genera escasos incentivos para que se animen a mejorarla, pues ello podría complicar su permanencia en la política.
El problema de fondo es que, pedirles a los congresistas que ellos mismo cambien y mejoren las normas sobre la ley de partidos políticos es, más o menos, como pedirle al abogado de Gerald Oropeza que, por favor, tenga la amabilidad de darle una revisión al Código Penal para ver qué mejoras se le pueden introducir. Ese es el problema.
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