La derecha planea mantener el control del Gobierno y en el 2016 impedir que un gobierno de compromiso evite “hojas de ruta”.
Sería bueno preguntarnos si la crisis institucional del Estado, referida por Juan Paredes Castro (editorial de El Comercio, 23/6/14), se debe a una ausencia de liderazgo, a la falta de presencia del presidente Ollanta Humala como jefe de Estado o si, más bien, hay otros factores que la alimentan como el enfriamiento de la economía y el malestar social que provoca la exclusión.
La idea de que el Perú vive principalmente una “crisis institucional” y que “ya no estamos en los tiempos en que subordinar la institucionalidad democrática al pragmatismo económico-financiero de los gobiernos, incluía el colmo de abrigar recetas de osado crecimiento con dictaduras o autoritarismos”, puede ser interpretada desde una doble perspectiva: a) en una economía con problemas no se admiten medidas “populistas”; y b) como un aviso de que ha llegado el momento de consolidar el poder de la derecha en el Estado para evitar sorpresas presentes y futuras. La razón la expresa el mismo Paredes cuando afirma: “Sería realmente muy triste que llegáramos a un final de elección presidencial el 2016 con la misma necesidad del 2011 de obligar al candidato favorito a suscribir una hoja de ruta democrática y respetuosa del modelo económico como la que tuvo que asumir el hoy mandatario Ollanta Humala”.
Para el editorialista de El Comercio la coyuntura electoral del 2011, con el triunfo de Ollanta Humala —que en ese momento no era manejable y sí, más bien, fuente de grandes incertidumbres—, no puede repetirse. La derecha planea mantener el control del gobierno y en el 2016 impedir un gobierno de compromiso que evite “hojas de ruta”, siempre sujetas a interpretaciones y a controles permanentes. Se trata de garantizar, desde ahora, un gobierno que exprese, sin dudas y vacilaciones, los intereses de los grandes inversionistas y grupos económicos.
El último programa de reactivación para supuestamente acelerar la economía, como la reciente campaña mediática sobre el carácter “devorador” del Estado o, también, sobre la graciosa idea de que en el Perú existe una suerte de “burocracia soviética” que frena el desarrollo del mercado, son indicadores de que vamos por ese camino. La maniobra es muy simple: criticar al Estado para luego secuestrarlo.
En realidad, las medidas del paquete “reactivador” se orientan, ya sin maquillaje, a favorecer a los grandes empresarios. Por ello —la reactivación viene del lado de la oferta y no de la demanda— todas son beneficiosas para este sector: disminución de impuestos y condonación de deuda tributaria, “carta blanca” para dañar el medio ambiente y depredar los recursos naturales, y flexibilizar aún más los derechos de los trabajadores afectando esta vez, como bien ha señalado Mario Huamán, la seguridad laboral para garantizar a los empresarios mayor rentabilidad. Mientras, el “nuevo gabinete” será un celoso guardián del modelo económico.
Tiene razón Carlos Alberto Adrianzén cuando afirma que “el paquete reactivador del gobierno nacionalista ha continuado una tendencia del Perú de las últimas décadas, el Estado lejos de ser el garante de los derechos de sus ciudadanos ha terminado siendo el ejecutor de su expropiación… En el Perú, el Estado más que ser un escudo para los débiles se ha convertido en años recientes en un escudo para las élites; las cuales, derrotadas en las urnas no han vacilado en usarlo contra aquellos que ganaron las elecciones para seguir avanzando su proyecto” (Noticias Ser.pe: 23/06/14).
Por eso, sostener que el gran problema del país se basa en una crisis simultánea de liderazgo e institucionalidad es un argumento interesado. El líder ha realizado, por lo general, las demandas de las elites y estas siempre han manejado las instituciones de su interés. El problema tiene su origen, más bien, en el enfriamiento de la economía, y en ese 51 % de la población que rechaza el actual modelo económico y que en las próximas elecciones podría tener un comportamiento díscolo y desafiante frente al crecimiento económico que los excluye y que poco contribuye a su bienestar.
Hoy, ni el Estado ni el gobierno están asediados por demandas exageradas del campo popular o de los movimientos sociales ni tampoco por las organizaciones de izquierda, sino más bien por las exigencias de las elites y de los grandes empresarios que no quieren perder privilegios, que no están seguros de su futuro y que requieren, por esa inseguridad, asumir el control total del Estado. El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, ha dicho que el “paquete económico se ha quedado corto” y que el conjunto de empresas que representa habría preferido que las iniciativas sean más “atrevidas” (Perú 21: 24/06/14).
No es extraño que esta circunstancia coincida con el dominio total del gobierno que hoy tendría el ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, como lo prueba, por ejemplo, el recorte de las competencias del Ministerio del Ambiente y el traslado de la toma de decisiones sobre este tema al Consejo de Ministros, controlado por el MEF. Aquí el discurso técnico de los neoliberales de que el mercado no puede estar determinado por la política, se acaba para dar pase al control político de los procesos económicos para que estos representen los intereses del gran capital.
Por todo ello creo que se vienen tiempos difíciles. El fin de un ciclo y el comienzo de otro. A mayores privilegios a los empresarios, mayor represión de la protesta social. Lo que se inició en el 2011 como una gran esperanza de transformación ha terminado en una derrota de las aspiraciones de cambios sociales en democracia que expresó la mayoría de los peruanos en las pasadas elecciones. La captura total del Estado por los grupos económicos será el canto de cisne de nuestra frágil democracia.
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