sábado, 12 de julio de 2014

"Abandonamos durante 30 años la educación"

“Desde las necesidades del aparato productivo y del talento de los jóvenes, muchas veces será mejor para el país y para los mismos jóvenes que opten por una carrera técnica y no por una universitaria. Necesitamos más técnicos, hay déficit de ellos”.

Jaime Saavedra,Ministro de Educación
GONZALO PAJARES
gpajares@peru21.com
Desde el Ministerio de Educación, Jaime Saavedra ha sido uno de los impulsores de la Ley Universitaria, que fue promulgada esta semana por Ollanta Humala. En esta charla nos habla de las bondades que, desde su perspectiva, tiene la nueva ley.
¿Por qué es buena la nueva Ley Universitaria?
Esta ley es un paso adelante para empezar en el proceso de contar con una política nacional sobre educación superior universitaria, que, hasta hoy, no habíamos tenido. La ley es solo una pieza de esta política. A partir de hoy, el Estado debe tomar su rol rector en la educación, rol que abandonó –se lavó las manos y miró al techo– durante los últimos 30 años.
Algunos juristas señalan que la ley es inconstitucional: vulnera la autonomía universitaria.
No es así. Se vio en el Congreso, se le consultó al Ministerio de Justicia y a algunos abogados, y ninguno vio en la ley algo inconstitucional. La autonomía universitaria la establece la Constitución y esta ley la respeta, sobre todo en la autonomía académica, que es la más importante, pero también en lo administrativo y en el gobierno de la universidad. Sin embargo, la Constitución le da un rol rector al Ejecutivo: así como la Constitución dice que la universidad es autónoma, también establece que esta se rige dentro del marco de la ley.
¿Cómo entienden la autonomía las autoridades universitarias que se oponen a la nueva ley?
La autonomía se entendió mal, se la confundió con autarquía. El país requiere un marco normativo que permita asegurar la excelencia y proteja el derecho que tienen los jóvenes de recibir una educación de calidad. Hoy nos estamos yendo hacia un justo medio: no podemos estar en el extremo de la autorregulación –que es lo que tuvimos hasta ahora– ni en el terreno donde el poder de turno –o cualquier interés público o privado– tenga una influencia desmedida. Con esta ley logramos el balance.
Según el expremier Luis Solari, la Constitución no le da ‘rectoría’ al Estado en temas de educación, sino ‘coordinación’…
La Constitución establece que, en cuanto a la educación, el Estado tiene que dictar las normas, supervisar su cumplimiento y evaluarlas. Por supuesto que el Estado coordina, pero no es lo único que hace.
Los opositores a la ley señalan que esta, en manos un gobierno dictatorial o autoritario, podría servir para coartar la libertad y el espíritu crítico inherentes a la vida universitaria.
Si el país es gobernado por un dictador o por alguien autoritario, toda institución pública puede ser usada incorrectamente. Si seguimos la lógica del miedo, no deberíamos tener ningún organismo regulador –no a Osinergmin, no a Indecopi, no a Osiptel– y dejar en manos del libre mercado la energía, la telefonía, las telecomunicaciones, la educación, todo. Si usamos esta lógica, el Estado nunca cumpliría sus tareas.
Pero telefonía, energía y educación son distintas. ¿Por qué la educación debe ser regulada?
Por dos razones. Primero, porque la autorregulación que hasta hoy existió no permitió proteger el derecho de los jóvenes a una buena educación: hoy hay muy buenas universidades, pero también las hay pésimas. En otros países los mecanismos de regulación son más potentes y, por ejemplo, no existe la universidad con fines de lucro. No tenemos que llegar a ese extremo, pero debemos cuidar que el derecho de los jóvenes a una buena educación esté protegido. Sí, hay que proteger la inversión privada, pero no podemos lavarnos las manos diciendo “si se equivocó al elegir una universidad, mala suerte”. Estudiar en una mala universidad no solo hace perder dinero, sino tiempo, cinco, seis o siete años que nunca se van a recuperar.
¿Cuál es la segunda razón?
El sistema universitario genera un conjunto de externalidades que influyen en toda la sociedad: lo que sucede en la universidad no solo afecta al estudiante y a la institución académica, sino al país. Una universidad, si es buena, resulta un espacio de creación, de innovación, de investigación científica, de reflexión política. Por eso, su existencia es central y se hace necesario contar con una política nacional que nos asegure que, en efecto, cree, innove, investigue, reflexione. Eso no pasaba y por eso se dio esta nueva ley.
Luis Solari señala que hay una vocación ‘controlista’ del gobierno, que con esta ley estamos volviendo al velasquismo.
Solo estamos tratando de mejorar la calidad de la educación. Es absurdo llamar a esto velasquismo, chavismo. No sé si una afirmación así se debe a la desinformación, a la politiquería, a alguna mala intención. Ya no queremos ver más jóvenes estafados. Aquí, lo más importante es que contemos con una institucionalidad que nos permita asegurar la calidad de la educación y dar los incentivos necesarios para que esto suceda. Y la nueva ley solo es un instrumento, parte de un esquema más grande: deseamos que la educación superior sea en verdad superior; para ello se necesitan cuatro pilares básicos.
¿Cuáles son?
Primero, crear mejores sistemas de informaciones, unos que permitan que los jóvenes conozcan las características de las universidades donde pretendan estudiar: infraestructura, calidad de los docentes, publicaciones, etcétera. Segundo, crear una gran base de datos, que nos muestre el desempeño profesional –ingresos, logros– de los egresados. Tercero, avanzar en las políticas de fomento, por ejemplo, fomentando la investigación, premiando la mejora de los currículos y dando becas: solo en 2014 daremos becas por 500 millones de soles, de tal manera que quien no pueda pagarla igual tenga acceso –por su capacidad– a una buena universidad. ¿Cómo se le puede llamar chavismo a darles becas de estudio a quienes más las necesitan? Estamos igualando oportunidades… algo que hacen los gobiernos liberales. No olvidemos que en Finlandia –el país del mundo que mejor educación tiene– el 99% de la educación es pública y no existen las universidades con fines de lucro. El cuarto pilar está en la acreditación internacional.
¿Los problemas del sistema universitario aumentaron cuando se permitió el lucro?
No, pero miremos este dato: el 95% del crecimiento de la matrícula universitaria en los últimos 10 años ha sido de las universidades privadas. Esto indica que hay una demanda muy grande por educación superior y, por eso, se necesita el concurso del sector privado. No está mal que exista el lucro, pero el objetivo central de una universidad tiene que ser dar una educación de excelencia… si de paso hay ganancias, qué bueno. Con esta nueva ley queremos que todas las universidades peruanas cumplan con un estándar básico de calidad, que estudiar en el Perú sea prestigioso.
¿Todos deberíamos tener una carrera universitaria?
No. Hoy, del total de muchachos que acaban el colegio, el 45% transita hacia la educación superior: técnica y universitaria, con mayor énfasis en la educación universitaria. Mi intuición es que debería ser al revés: el flujo debería ser mayor hacia la educación técnica. Las universidades se han vendido bien, han posicionado la idea de que ser universitario tiene un valor per se. Es un error. Desde las necesidades del aparato productivo y del talento de los jóvenes, muchas veces será mejor para el país y para los jóvenes que opten por una carrera técnica. Debemos orientarnos más hacia la educación técnica.
AUTOFICHA
■ Estudié en la Universidad Católica e hice mi posgrado en Columbia. He continuado la política trazada por la exministra Patricia Salas y también la lógica meritocrática impulsada en el gobierno de Alan García.
■ Por la nueva ley no vamos a empezar a cerrar universidades desde mañana: hay alumnos allí y nos interesan. Por eso, estas instituciones tendrán un plazo de adecuación a la ley.
■ No es verdad que el jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria sea un todopoderoso, capaz de abrir y cerrar universidades. Las decisiones serán colegiadas, tomadas por sus siete miembros.

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