Indignación y vergüenza
Cuando de elegir alcaldes, congresistas y presidentes se trata, peruanas y peruanos estamos aprendiendo a ser democráticos; cuando se trata de gobernar y de tomar decisiones fundamentales, los presidentes, los militares y los congresistas vuelven al inconsciente colectivo de nuestra historia: el Perú es su chacra, como en tiempos de J Cirilo Trelles, quien había convertido a Apurímac en una hacienda con prefecto, como me dijo un profesor de primaria en Abancay, allá por 1971. Este es un ejemplo más del poder colonial que a pesar de muchos cambios epidérmicos, goza de buena salud en el país.
Indigna saber que Alan García y Alejandro Toledo tienen una disputa para saber quién de ellos gana más dinero como expresidente. Fueron elegidos con el pretexto de servir al pueblo y lo que hicieron y hacen es servirse del pueblo para volverse ricos. Ambos vienen de cunas pobre y pobrísima, y ahora son o se sienten millonarios y se defienden por los escándalos inmobiliarios en los que están metidos.
Sugiero una idea: en cada caso, pedir a los profesionales más competentes de cada una de las ramas, juristas y especialistas en derechos humanos y derecho laboral, una lista de nombres y escoger a quienes estén en los primeros puestos. La ONPE y los colegios profesionales podrían apoyar esos procesos.
Sugiero una idea: en cada caso, pedir a los profesionales más competentes de cada una de las ramas, juristas y especialistas en derechos humanos y derecho laboral, una lista de nombres y escoger a quienes estén en los primeros puestos. La ONPE y los colegios profesionales podrían apoyar esos procesos.
Rodrigo Montoya Rojas
“Navegar Río Arriba”
El gobierno quería tener tres miembros en el Tribunal Constitucional para vetar lo que no le guste y aprobar con sus aliados (de hecho) fujimoristas, toledistas y pepecistas lo que quiera. Lo consiguió. Los fujimoristas querían tener un hombre clave ahí y otro a medias para intentar una última gestión que saque de la merecidísima cárcel al impresentable ciudadano japonés Fujimori. Consiguió el favor como una pequeña compensación por el indulto negado y a cambio de futuros favores. Por esa vía, el Tribunal Constitucional será una especie de minicongreso con juegos y dobleces de mayorías y minorías: te doy, me das, gracias, te debo una, no se preocupen, en la próxima quedamos a la par. Esa es la práctica de los grandes y pequeños gángsters, que nunca fue ni será un modo democrático de gobernar, práctica que no conocemos desde hace quince mil años, cuando llegaron las oleadas de migrantes asiáticos, nuestros primeros ancestros, a los suelos que ahora son nuestros.
No sabemos si fueron los toledistas quienes pidieron la Defensoría del Pueblo o fue el gobierno, que le ofreció ese alto cargo. Lo cierto es que al cortar el jamón, esa tajada va a manos del toledismo. La reciben como un premio consuelo en medio de tantos pesares producidos por la tempestad que parece próxima, que se aleja y vuelve.
En el campo del Banco Central de Reserva, las aguas están tranquilas y es unánime en los tres economistas nombrados su deseo de mantener la política económica sin grandes cambios, desde tiempos del Consenso de Washington y sus operadores Fujimori (Constitución de 1993), Toledo, García y Humala.
Las reglas formales del juego establecen que esos puestos deben ser ocupados por profesionales competentes, políticamente independientes, y éticamente intachables; sin embargo, los líderes de partidos y alianzas actuaron coherentemente con lo que son en sus predios propios: defensores de intereses en cuyo beneficio sacrifican, día a día, la competencia profesional y la ética. Lo importante para ellos es no perder el poder.
Es creciente la indignación nacional por los vínculos tan estrechos del gobierno, sus aliados, el fujimorismo y la derecha, con la corrupción estructural del país. La repartija de puestos claves es una gota más que empieza a colmar un vaso que va llenándose todos los días. Indigna saber que Alan García y Alejandro Toledo tienen una disputa para saber quién de ellos gana más dinero como expresidente. Fueron elegidos con el pretexto de servir al pueblo y lo que hicieron y hacen es servirse del pueblo para volverse ricos. Ambos vienen de cunas pobre y pobrísima, y ahora son o se sienten millonarios y se defienden por los escándalos inmobiliarios en los que están metidos. Esos cobros a los narcotraficantes para indultarlos, enlodan una vez más a los apristas. Son pertinentes dos recuerdos: uno, la casa donde vivió Haya de la Torre habría sido comprada con el dinero ofrecido por un narcotraficante de apellido Landberg; y, dos, Haya de la Torre cobró un sol mensual en la Asamblea Constituyente. Ese gesto mostró su desinterés por el dinero y los bienes materiales.
¿Qué hacer? ¿Aceptar los hechos consumados y decir amén? No. Lo primero es mostrar nuestra indignación, siguiendo el ejemplo de los jóvenes que el día mismo de la repartija estuvieron en la Plaza San Martin con una pancarta que decía “Vergüenza nacional” y nos recuerda aquel precioso gesto de lavar la bandera frente al Palacio de Gobierno, en tiempos del ciudadano japonés. Una fuerte presión popular en las calles podría obligar al gobierno a dar marcha atrás en su decisión de controlar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
De otro lado, habría que definir un modo de elección de personas profesionalmente competentes, políticamente independientes y éticamente intachables. Sugiero una idea: en cada caso, pedir a los profesionales más competentes de cada una de las ramas, juristas y especialistas en derechos humanos y derecho laboral, una lista de nombres y escoger a quienes estén en los primeros puestos. La ONPE y los colegios profesionales podrían apoyar esos procesos.
Entre tanto, acompañaré a los jóvenes en su protesta por las calles de Lima el 28 de julio o en otra fecha. Como en tiempos de las manifestaciones del mayo francés de 1968, prepararé mis zapatillas, pañuelos blancos limpios y limones para neutralizar, en lo posible, los gases lacrimógenos enviados desde el Palacio de Gobierno.
Otro sí digo: por un lamentable error, mi artículo Frente de izquierda: buena y malas señales, fue publicado por error en La Primera, el domingo 7 de julio último, como si hubiera sido escrito por Manuel Dammert. Lo que digo en ese texto es exclusiva responsabilidad mía. Otro sí digo: precioso y digno el gesto de Cecilia Tait al oponerse, en el Congreso, a la repartija.
No sabemos si fueron los toledistas quienes pidieron la Defensoría del Pueblo o fue el gobierno, que le ofreció ese alto cargo. Lo cierto es que al cortar el jamón, esa tajada va a manos del toledismo. La reciben como un premio consuelo en medio de tantos pesares producidos por la tempestad que parece próxima, que se aleja y vuelve.
En el campo del Banco Central de Reserva, las aguas están tranquilas y es unánime en los tres economistas nombrados su deseo de mantener la política económica sin grandes cambios, desde tiempos del Consenso de Washington y sus operadores Fujimori (Constitución de 1993), Toledo, García y Humala.
Las reglas formales del juego establecen que esos puestos deben ser ocupados por profesionales competentes, políticamente independientes, y éticamente intachables; sin embargo, los líderes de partidos y alianzas actuaron coherentemente con lo que son en sus predios propios: defensores de intereses en cuyo beneficio sacrifican, día a día, la competencia profesional y la ética. Lo importante para ellos es no perder el poder.
Es creciente la indignación nacional por los vínculos tan estrechos del gobierno, sus aliados, el fujimorismo y la derecha, con la corrupción estructural del país. La repartija de puestos claves es una gota más que empieza a colmar un vaso que va llenándose todos los días. Indigna saber que Alan García y Alejandro Toledo tienen una disputa para saber quién de ellos gana más dinero como expresidente. Fueron elegidos con el pretexto de servir al pueblo y lo que hicieron y hacen es servirse del pueblo para volverse ricos. Ambos vienen de cunas pobre y pobrísima, y ahora son o se sienten millonarios y se defienden por los escándalos inmobiliarios en los que están metidos. Esos cobros a los narcotraficantes para indultarlos, enlodan una vez más a los apristas. Son pertinentes dos recuerdos: uno, la casa donde vivió Haya de la Torre habría sido comprada con el dinero ofrecido por un narcotraficante de apellido Landberg; y, dos, Haya de la Torre cobró un sol mensual en la Asamblea Constituyente. Ese gesto mostró su desinterés por el dinero y los bienes materiales.
¿Qué hacer? ¿Aceptar los hechos consumados y decir amén? No. Lo primero es mostrar nuestra indignación, siguiendo el ejemplo de los jóvenes que el día mismo de la repartija estuvieron en la Plaza San Martin con una pancarta que decía “Vergüenza nacional” y nos recuerda aquel precioso gesto de lavar la bandera frente al Palacio de Gobierno, en tiempos del ciudadano japonés. Una fuerte presión popular en las calles podría obligar al gobierno a dar marcha atrás en su decisión de controlar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
De otro lado, habría que definir un modo de elección de personas profesionalmente competentes, políticamente independientes y éticamente intachables. Sugiero una idea: en cada caso, pedir a los profesionales más competentes de cada una de las ramas, juristas y especialistas en derechos humanos y derecho laboral, una lista de nombres y escoger a quienes estén en los primeros puestos. La ONPE y los colegios profesionales podrían apoyar esos procesos.
Entre tanto, acompañaré a los jóvenes en su protesta por las calles de Lima el 28 de julio o en otra fecha. Como en tiempos de las manifestaciones del mayo francés de 1968, prepararé mis zapatillas, pañuelos blancos limpios y limones para neutralizar, en lo posible, los gases lacrimógenos enviados desde el Palacio de Gobierno.
Otro sí digo: por un lamentable error, mi artículo Frente de izquierda: buena y malas señales, fue publicado por error en La Primera, el domingo 7 de julio último, como si hubiera sido escrito por Manuel Dammert. Lo que digo en ese texto es exclusiva responsabilidad mía. Otro sí digo: precioso y digno el gesto de Cecilia Tait al oponerse, en el Congreso, a la repartija.
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