La seguridad ciudadana

Un problema político y de gobernabilidad

La inseguridad ciudadana es para las ¾ partes de los peruanos el primer problema del país y el eje sobre el que gira la imagen del gobierno. La reciente encuesta de GfK, publicada ayer por La República, reporta que el 77% de los peruanos asumen esta convicción. Supera al 44% que cree que el principal problema del país es la corrupción y al 30% que cree que es la situación económica. Al mismo tiempo y según la misma encuesta, la seguridad ciudadana también es el aspecto más negativo de la gestión del presidente Ollanta Humala, cuya aprobación cayó dos puntos porcentuales en un mes, de 26% a 24%.

La discusión sobre si este temperamento constituye solo una percepción y la medida en que esta pueda ser influida por una excesiva exposición noticiosa de los hechos delictivos es intrascendente y poco útil. El alto porcentaje de peruanos que se hace eco de la falta de seguridad convierte a este problema en esencialmente político y en un asunto de gobernabilidad que atañe al juego del poder y a la estabilidad de los actores.

Esta percepción no es nueva aunque sea reciente su escalamiento como tema de Estado. De hecho, entre las razones por las cuales los dos candidatos que disputaron la presidencia de la república en las elecciones del 2011 recibieron mayor apoyo electoral en la primera vuelta se encontraba la esperanza ciudadana de logros en la lucha contra la delincuencia.

Es cierto también que esta expectativa ha sido alimentada por la acumulación de fracasos y, por lo tanto, es un lugar común afirmar que el delito ha sido un desafío creciente y permanente. Es tan común que ya no sirve como una explicación de cara a la nueva etapa. Son las nuevas condiciones con las que opera el delito y la falta de seguridad las que desnudan la falta de éxito.

Los avances de los últimos meses en materia de salarios, financiamiento y equipamiento no son percibidos como tales por la opinión pública debido a que la realidad es más vigente y decisiva. Exigir paciencia usando el argumento del largo plazo es equívoco; como en su momento con la crisis económica y la inflación, un largo plazo creíble es posible solo si es acompañado de derrotas tangibles del delito. Los ciudadanos ya no creen en las estadísticas policiales llenas de generalidades sobre detenidos en redadas, bandas desarticuladas y delincuentes capturados.

El alto porcentaje de quienes consideran que la seguridad ciudadana es un problema básico del país debería haber puesto en tensión a todas las fuerzas del Estado. Sin embargo, las iniciativas impulsadas en la última etapa siguen siendo parciales y solo en el ámbito legal y/o policial. En buena cuenta, a pesar de la alta incidencia del delito, este sigue siendo un problema de policías y ladrones.

Una medida de la preocupación por este problema podría ser la celebración de un pacto expreso de los poderes del Estado y de los organismos constitucionalmente autónomos para atender limitaciones cruciales en la lucha contra el delito. Estos tienen nombre propio como la eliminación del sistema 2x1 en el servicio policial, la interdicción del crimen organizado, la atención del lavado de activos, el incremento del decomiso de drogas, la veracidad de los tribunales que pongan fin a la impunidad, entre otros. Si solo se lograra que el Estado manejara un solo sistema de información sobre la seguridad ciudadana y el delito, se habría dado un gran paso.