Otorongos blindados

En contra del engranaje para salvar a políticos corruptos.

 Ojalá que Marco Falconí, el flamante presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, esté a la altura del desafío pues, antes que una institución que lucha contra la corrupción, el Congreso se ha convertido –con la complicidad de otras entidades– en un engranaje para enjuagar entripados de políticos sinvergüenzas.

El primer caso que verá es el de Michael Urtecho, cuyo expediente se cae de maduro por la contundencia de una denuncia que ha sido, incluso, reconocida por el acusado.

El Congreso tiene, con la complicidad de otras instituciones como la justicia, una antigua trayectoria de prestarse a cualquier cuchipanda.

Está, por ejemplo, el caso de la parlamentaria Celia Anicama, quien se hizo conocida como ‘robacable’ luego de que se conociera que pirateaba la señal de cable para revenderla. Lamentablemente, su caso se ha entrampado en una fiscalía de Pisco que juega a su favor y que suele llamar como testigos a periodistas que la denunciaron tratándolos como si fueran los acusados.

No es el único caso entrampado. Está el del congresista Néstor Valqui, quien fue sentenciado en el año 2008 por proxenetismo y fue investigado por la Comisión de Ética por presuntamente continuar vinculados al prostíbulo que motivó su sentencia. Pero el pleno votó su caso, el cual incluía el delito de lavado de activos, en una sesión secreta que, al final, lo limpió de polvo y paja.

Otro caso es el del congresista Wilder Ruiz, quien falseó su hoja de vida pero nada pasó. O el de Amado Romero, conocido como ‘Comeoro’ por sus vínculos con la minería ilegal en Madre de Dios, cuya solicitud de levantamiento de inmunidad pedida sigue esperando.

O el del ex vicepresidente pero aún congresista Omar Chehade, quien con todo lo que se le probó podría estar en la cárcel pero sigue muy campante asumiendo el liderazgo de su bancada. O el de la ex congresista Elsa Canchaya, quien se ha beneficiado por una sentencia arbitraria del Tribunal Constitucional que le anula la condena impuesta en su contra por haber contratado a su empleada doméstica como asesora parlamentaria.

Como estos casos, hay muchos.

Lo que parece evidente es que en el Perú se ha establecido un sistema informal pero efectivo de conexiones estructuradas con un espíritu de cuerpo basado en un hoy por ti, mañana por mí, para que los políticos sean blindados y no sean condenados por sus fechorías.

Mejor hubiera sido que se eligiera en la presidencia de esta subcomisión a alguien que ya haya demostrado temple y vocación de lucha contra la corrupción, como Marisol Pérez Tello. Pero ojalá que Marco Falconí sorprenda a todos.