La confrontación entre Ejecutivo y Congreso causada por la reunión del presidente Humala en Francia con el mandatario Hollande seguirá dando que hablar los días que vienen y el resultado probablemente sea una mayor desconfianza entre ambos poderes públicos y nada más.
Sabemos todos que el Presidente viajó y regresó dentro del plazo autorizado, pero paró en Francia y se reunió con el mandatario galo sin avisarle al Congreso. Habría que discutir si ello va contra la ley que regula la autorización de viajes presidenciales y la canciller Rivas ha sostenido que la ruta de viaje del Presidente nunca se cambió y que la reunión no fue una de Estado.
Lo que es verdad es que para bien o para mal, en nuestro país los presidentes solo viajan con autorización del Congreso y para un fin predeterminado y la reunión con Hollande no estaba en la autorización. Se pudo mandar una nota de Cancillería pidiendo la autorización al Congreso y no se hizo. ¿Por qué no? Quizá porque Torre Tagle pensó que no se requería como ha sostenido la ministra o porque se olvidaron. Como fuere, un tema con una solución tan sencilla se convirtió en un enfrentamiento innecesario de dos poderes del Estado donde, además, se dijeron de todo, una y otra parte.
La Canciller no podía aceptar que hubo un error pues ello sería admitir que actuó contra la ley y ya se vocea una posible censura. Como fuere, en medio de este escándalo mediático que solo importa a una minoría, el país sigue su rumbo y ahí debe preocuparnos lo que se repiten a vista y paciencia de todos. Me refiero al accidente en Santa Ana con 52 muertos luego de volcarse un camión, cerca al poblado de Sullucuyoc en La Convención, que regresaba de una fiesta en Santa Teresa.
Este grave accidente probablemente quedará registrado en el récord de alguna autoridad pública, pero es algo que debería preocuparnos y donde el Congreso podría hacer lo suyo. ¿Qué se hace después de recoger los cadáveres? ¿Alguien distinto al propietario del vehículo para cobrar algún seguro hace algo por averiguar qué pasó en el accidente? ¿Alguien les responde a los deudos económica y emocionalmente? ¿Quién representa al Estado en este caso y qué hace frente a estos accidentes sobre todo para prevenir los siguientes?
Acá hay mucho trabajo por hacer para que los peruanos tengamos un transporte seguro y las normas no sean exclusivas de las grandes ciudades. ¿Se ocupará el Congreso y el Ejecutivo en buscar reducir los accidentes como el de Santa Ana o seguiremos con el viaje a Francia?.
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