El congresista Carlos Bruce ha tenido la acertada iniciativa de presentar un proyecto de ley a favor de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, al que se han adherido otros congresistas, entre ellos Mauricio Mulder, Velásquez Quesquén y Renzo Reggiardo, lo que habla bien de ellos. La propuesta crea la figura de “unión civil no matrimonial”, atribuyéndole cuatro niveles de derechos: a) la opción de tener un patrimonio común; b) algunas atribuciones propias de un pariente de primer grado (cónyuge, hijos, etc.), como, por ejemplo, el derecho a alimentos; c) protección en caso de violencia familiar; y d) posibilidad de heredar, pero después –en términos generales– de descendientes, ascendientes y/o cónyuge.
Es, sin duda, un avance importante, pero menor a las otras dos posibilidades que se suelen establecer en muchos otros países. La primera de ellas, la más liberal, es el reconocimiento del matrimonio o la unión de hecho, sin mención alguna al sexo de los contrayentes. La segunda consiste en crear una nueva institución, pero que permita el acceso a todos y cada uno de los derechos de las parejas heterosexuales. En cambio, lo que se pretende aprobar es menos, pues si bien se trata igualmente de una nueva figura, es solo para acceder a algunos de los derechos que tienen las parejas heterosexuales. Es por eso que a esta tercera opción se le suele considerar un “gueto” legal, en el que se ubican ciudadanos de segunda categoría, ya que se les priva de derechos que tiene la persona heterosexual.
Tal como se menciona en el proyecto, ya son 60 los países que reconocen los matrimonios o algún tipo de unión entre personas del mismo sexo, varios ubicados en nuestra región (Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador y algunos estados de México y Venezuela). En Colombia hay –como se menciona en los Fundamentos– hasta una sentencia del TC que exhorta al Congreso a que legalice el matrimonio de personas del mismo sexo.
Durante los años 2012 y 2013, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y el Examen Periódico Universal (todos órganos de NNUU) le han pedido al Estado peruano que adopte normas y políticas públicas para la protección de los derechos de los gais y lesbianas en condiciones de igualdad, contra toda discriminación o acto de violencia. Tampoco puede dejarse de considerar que a nivel de la OEA el Perú ya ha aprobado a resolución AG/RES 2653 sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. La Corte Interamericana ha dispuesto, en el mismo sentido, que “es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, en la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación” (Sentencia Atala Riffo y Niñas vs Chile, 2012).
Para aprobar este proyecto ni siquiera se requiere modificar la Constitución –como lo exigiría incorporar un nuevo tipo de matrimonio–, ya que de lo que se trata es de crear una nueva institución acorde con el mandato constitucional de no discriminación (art 2). Solo habría que modificar el Código Civil en un solo artículo, referente a quiénes pueden heredar.
El arzobispo Cipriani, como era de esperarse, invocó argumentos religiosos, al igual que el congresista Tubino, que llegó a decir que nuestra sociedad, por ser católica, es antigay. Si bien ese tipo de argumentos ni se debe tomar en cuenta, al ser un Estado laico, la periodista Rosa María Palacios se dio el lujo de retar a quienes se basaban en ellos a presentar un solo pasaje de la Biblia donde Jesús condenara a los homosexuales. No se escucha, padre.
Tanto Sendero Luminoso como el MRTA atentaban contra las personas por su orientación sexual; el segundo los llamaba lacras sociales utilizadas para corromper a la juventud (informe de la CVR, citado por IESSDEH). ¿Extremos que se unen?
El proyecto mismo contesta a sus críticos: “La realidad ha demostrado que los estereotipos y argumentos acusatorios contra las personas homosexuales han estado generalmente basados en la ignorancia y la superstición”.
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