Amenazas crecientes

Ley de delitos informáticos afecta libertad de expresión.

 Desde Denver, donde la SIP concluyó que hay un deterioro de las condiciones de la libertad de expresión, hasta Lima, donde el gobierno promulgó una ley de delitos informáticos que amenaza a la libertad de información periodística, es evidente que hacer periodismo se vuelve cada vez más complicado.

Las amenazas vienen desde varios frentes. La más brutal es el asesinato. En la 69 asamblea de la SIP se constató el aumento de las agresiones directas y que, como expresión de ello, catorce periodistas fueron asesinados en el último medio año.

Junto con ello, es preocupante la impunidad frente a las agresiones y asesinatos. En la misma cita de Denver se reveló que en México y Colombia hay 17 asesinatos de periodistas que están a un paso de prescribir por inacción de la autoridad.

Pero hay otros mecanismos de hostigamiento al periodismo que son más elaborados que un balazo, pero cuyo efecto puede ser peor para la libertad de expresión.

Estos incluyen los sistemas de espionaje establecidos no solo desde organizaciones criminales sino, también, desde los propios Estados que debieran defender a personas como los periodistas. En Estados Unidos se han creado sistemas que, con menos sofisticación, se replican a lo largo del continente.

Pero hay, también, los métodos aplicados específicamente contra medios a los que se quiere debilitar, como lo pretende Cristina Kirchner con Clarín, o contra periodistas individuales, tal como ocurre no solo en Argentina, sino en otros países como Venezuela, Ecuador o Bolivia. En este último país, por ejemplo, es condenable el hostigamiento del presidente Evo Morales al periodista Raúl Peñaranda.

Todo este tipo de acciones ocurre dentro de un contexto general en el que los gobiernos aluden a estar guiados por la necesaria protección de la seguridad nacional cuando lo que en realidad buscan es salvaguardar el interés de los propios gobernantes de turno, lo cual los lleva a promulgar normas que constituyen un grave riesgo para la libertad de expresión.

Es el caso de la ley de delitos informáticos que acaba de promulgar el gobierno del presidente Ollanta Humala que –como ha observado ayer el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys)– establece una penalización indiscriminada de la utilización de datos o bases de datos en la plataforma electrónica; debilita la política de gobierno abierto declarada por el Poder Ejecutivo, que promueve precisamente lo contrario, es decir, la utilización masiva de bases de datos del Estado; y, a partir de una comprensión incorrecta de la seguridad nacional, volverá reservada información que no lo es, lo cual afectará la lucha contra la corrupción.