Soy un delincuente

Mediante la presente, el suscrito, uséase yo, se declara ante las autoridades correspondientes culpable de haber violado la flamante Ley de Delitos Informáticos, antes conocida como Ley Beingolea, promulgada ayer por el impoluto esposo de la mandataria de la Nación.

Esta es una admisión de culpa sin atenuantes y, consciente de la amenaza que represento para la sociedad, he decidido aguardar en mi domicilio legal a las fuerzas del orden que, sin dudarlo, en este instante se encuentran planificando un exitoso operativo que culminará con mi arresto, tortura y encarcelamiento.

A continuación, procedo a describir, con abundancia de sus horrendos detalles, cada paso del execrable hecho:

Me encontraba realizando mis labores periodísticas cuando me topé con el caso APDAYC, una asociación que, precisamente, resulta ser el caso exactamente contrario al mío: sus pulcras acciones —celebradas hasta las lágrimas en Chifas de Desagravio— sí están avaladas por la ley.

Parte del manto legal que cubre a APDAYC consiste en que sus actos son aprobados por una Asamblea General. Así justifica Armando Massé las compras de radios, los pagos de su maestría, los pagos a la editora de su esposa, los préstamos a sociedades que él mismo fundó, los pagos a fundaciones que él también fundó, sus 72 mil soles en gastos de representación, etcétera.

Lo curioso es que de los 8 mil socios de APDAYC, solo 248 son parte de esa Asamblea. De ellos, 121 socios son “Principales” y “Activos” y sus votos en la Asamblea valen por 5 y por 3. Es decir, si tuvieras muy contentos a esos socios tendrías asegurados 417 votos (de un total de 605).

He aquí que nos preguntamos qué pasa con la distribución de regalías. O sea, sería mucha casualidad que justo los socios con más votos sean también justo justitito los socios que reciben más regalías.

Con la ayuda de unos amigos geeks, perdón, quise decir, “terribles hackers criminales”, repito: con ayuda de estos amigos conseguimos tabular la base de datos de regalías y cruzarla con la de votos en la Asamblea de APDAYC. ¿Y qué creen que salió? Pues sí: justo justito eso.

Insisto, señores de las autoridades, que no existe ningún atenuante para este ilícito. Armé esta tabulación inspirado por una corriente criminal denominada “periodismo de datos”, que tanto desasosiego crea en sociedades de bien. Y lo hice aun a sabiendas que este es el artículo 6 de la flamante Ley de Delitos Informáticos.

“Articulo 6. Tráfico ilegal de datos

El que, crea, ingresa, o utiliza indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica, identificada o identificable, para comercializar, traficar, vender, promover, favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga, creando o no perjuicio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”.

Más claro, imposible: soy un delincuente. Como si fuera poco, en estos instantes me encuentro en flagrante reincidencia del delito. Con ayuda de mis secuaces criminales estamos elaborando una base de datos mucho más completa sobre los pagos de APDAYC.

Esta es mi declaración de culpabilidad. Como me negaré a dar los nombres de mis cómplices, espero que se me aplique la mayor pena: cinco años de prisión. Agente, agente, arrésteme pronto.