Una nueva liberación de acusados ha causado indignación en el gobierno y en el público. Inevitablemente las miradas se dirigen hacia los jueces liberadores, con una sospecha de complicidad con los acusados. Las cosas pueden ser más complejas que eso, pero la lista de decisiones judiciales insólitas es larga, y está creciendo.
Que los jueces y fiscales están sometidos a presiones, y que a veces ceden a ellas es algo evidente. Lo vimos en el caso de las amenazas del terrorismo, que obligaron a militarizar esos tribunales y a instalar los procesos sin rostro. Lo vimos también en el caso de la presión política organizada del fujimontesinismo. Lo vemos en los asesinatos de jueces en varias partes del país.
Pero también hay presiones, por así llamarlas, que vienen de las propias leyes y derechos ciudadanos, que a veces obligan a los jueces a conceder el beneficio de la duda allí donde la policía y los medios están convencidos de una culpabilidad. Son casos en que la lógica jurídica resulta inexplicable para quienes no la practicamos ni compartimos.
Para la policía estas situaciones son particularmente frustrantes. Sobre todo cuando, como en el caso de los procesados del VRAEM, la policía ha invertido tiempo, recursos y riesgo en armar un caso, organizar un expediente y realizar una captura. En cierto modo es la policía la que termina criticada en los tribunales.
Una parte del problema está en que no existe una instancia, judicial o extrajudicial, dedicada a explicarle los fallos a los interesados y a la población en general. No siempre sería una explicación fácil para los legos. Pero una orientación ya sería un avance, e impediría mucha manipulación desde las partes interesadas.
El temor a que las sentencias sean incomprendidas, y produzcan ataques a lo judicial, es un factor adicional en la ridícula prolongación de muchos juicios importantes. En esto el Poder Judicial y el poder político pueden coincidir: dejar pasar el tiempo es una manera de enfriar, es decir amortiguar las consecuencias, de decisiones impopulares.
En un país perfecto las decisiones populares y las impopulares serían recibidas con la misma serenidad. Además un mecanismo explicativo suficiente permitiría diferenciar entre los dictámenes genuinos y los dictámenes truchos (y que los hay, los hay). Lo cual iría entrenando a los miembros del Poder Judicial en el ejercicio del carácter.
Todavía no sabemos realmente mucho acerca del caso Bagua, ocurrido hace cuatro años. De modo que más nos vale esperar sentados algunas luces sobre por qué los capturados del VRAEM y vándalos filmados en La Parada han sido tratados con mano tan suave por los jueces. Lo ideal sería, por supuesto, que ellos mismos nos lo contaran.
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