Las crisis de la fiscalía

Escándalos y disputas internas que afectan al Ministerio Público
 Las últimas semanas son abundantes en noticias relacionadas con el Ministerio Público. Lamentablemente no son informaciones que indican éxitos en la investigación del delito y en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la fiscalía, sino la existencia de una dura pugna de grupos al más alto nivel, de ominosos descuidos en la lucha contra el crimen organizado y actos de corrupción que quedan en la impunidad, inclusive. En uno de los extremos de esta situación, el Fiscal de la Nación cesó al fiscal coordinador anticorrupción y lo denunció por enriquecimiento ilícito, luego de que este pusiera en duda la palabra del gerente general del Ministerio Público en un juicio por cohecho.

Los hechos que se ventilan son preocupantes; el sistema de elección del Fiscal de la Nación se habría convertido en un complejo sistema de venta de adhesiones en el que interviene el Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar a los fiscales supremos. De cara a la elección del próximo Fiscal de la Nación, la disputa ha salido de los cauces institucionales y se ha reflejado dramáticamente en los medios, dejando ver un modo poco profesional de gestionar los delicados encargos del Estado y de la sociedad.

Entre los recientes sucesos, una fiscal suprema designada contra su voluntad como representante de la fiscalía ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para allanarle el camino a un opositor renunció a sus funciones y un segundo fiscal supremo, también designado a la fuerza ante el JNE, planteó igual una grave denuncia. El propósito de estas designaciones sería alejar de la Junta de Fiscales, el órgano que designa al Fiscal de la Nación, a los potenciales adversarios.

En medio de estas se suceden revelaciones que indican que más allá de las pugnas por los cargos, o concurrente de ella, el Ministerio Público vive una crisis y esta es seria; sobre la mesa se encuentra información detallada acerca de favorecimientos a autoridades regionales acusadas por graves delitos, el caso de “La centralita” de Áncash relacionado con el presidente de esa región, actos de omisión que indicarían por lo menos un relajamiento en la lucha contra el lavado de activos.

El proceso crítico que envuelve al Ministerio Público es grave. Las revelaciones señaladas, que no han sido aclaradas por los denunciados, operan como un peligroso ejemplo de impunidad y pérdida de valores para centenares de fiscales con miles de casos en sus manos. El panorama es todavía más sombrío en el contexto de que la fiscalía tiene un papel crucial en delicados casos que involucran a figuras políticas de primer nivel y en los cuales ya ha evidenciado poca coherencia.

El país requiere contar con un Ministerio Público independiente. Tratándose de un organismo constitucionalmente autónomo posee órganos de control que deberían ser activados con fines de investigación. Del mismo modo, el CNM tiene en relación con el caso varios mecanismos que deberían ser accionados para evitar un mayor deterioro. Es preciso recordar que la fiscalía es el representante de la sociedad, defiende la legalidad, vigila la independencia de los órganos de justicia e investiga el delito. Esas funciones deben ser defendidas y reivindicadas.