La demanda sobre la concentración de medios sigue su curso a pesar de las presiones.
La reciente encuesta de GfK publicada por La República confirma que para un importante porcentaje de peruanos la propiedad de los medios de comunicación escritos y el acceso a ellos son un asunto de libertad, desvirtuando nuevamente la pretensión de situar el debate en términos de lectoría. De los informados, el 78% cree que la compra del Grupo Epensa por el Grupo El Comercio es una operación de acaparamiento, el 74% que afecta la libertad de prensa, y el 56% que afecta su libertad de elegir.
El sondeo reitera que el porcentaje de personas informadas sobre el caso no es el mayoritario, como podría haber indicado la profusa campaña realizada a inicios de este año por los medios participantes en dicha operación, acompañada de advertencias catastrofistas acerca de supuestos riesgos que sobre el mercado y la democracia se cernían si se cuestionaba la concentración de la propiedad en un sector tan sensible de la sociedad.
No obstante, apreciados los resultados, las dos estrategias utilizadas para legitimar la concentración han naufragado, tanto el silencio impuesto sobre el tema por varios meses, marcado como vocación arbitraria que evita todo debate, así como el ruido estridente que luego pretendió desviar el centro de la discusión.
El debate ha sido hasta ahora muy saludable. Se ha formado alrededor de este asunto un temperamento de la opinión pública que siendo inicial no deja de ser contundente: el 64% se declara contra la operación de compra del Grupo Epensa, dos tercios de los encuestados cuya opinión ha sabido navegar entre los complejos códigos que el tema presenta.
Sobre la solución de esta controversia es igualmente mayoritario el temperamento que propugna una vía que no sea la del Congreso, opción que tiene solo el 27% de adhesión. En cambio, el 42% cree que las empresas deberían resolver este conflicto y el 24% que sea el Poder Judicial.
Esta última vía fue abierta cuando el 21 de noviembre pasado ocho periodistas presentaron una demanda de Amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima en defensa de la libertad de información y el pluralismo informativo. La demanda cuestiona la compra del 54% de las acciones de EPENSA y Alfa Beta Sistemas por el Grupo El Comercio, al considerar que esa transacción afecta el derecho de los ciudadanos a recibir una información plural, por lo que piden al juez anular dicha compra.
Desde ese momento se sucedieron presiones cada vez más abiertas orientadas a bloquear la vía judicial de este caso. Se hicieron patentes, por ejemplo, cuando el 27 de diciembre la jueza suplente del 4° Juzgado Constitucional admitió a trámite la demanda de los periodistas, magistrada a la que se denunció ante la OCMA, y arreciaron recientemente cuando el juez titular del mismo juzgado formalizara la admisión de la demanda luego de resolver una cuestión incidental sin mayor relevancia procesal.
La vía judicial no debe ser bloqueada ni por presiones ni por ardides legales que magnifican los incidentes procesales convirtiendo las diligencias y decisiones en graves, sospechosas o irregulares. Asimismo, debe cesar el tratamiento informativo sesgado de la causa, un comportamiento que ha conducido a cambios de postura en menos de 24 horas, pasando del aplauso a la condena. Es preciso que se deje trabajar al Poder Judicial sin interferencias. El caso no debe ser politizado y el juego debe ser limpio
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