Lo hizo de manera devastadora entre 1985 y 1990, durante el primer gobierno de Alan García, que dejó a nuestro país en la ruina. Si bien durante su segundo mandato el líder aprista enmendó rumbos en materia macroeconómica, sus viejos reflejos de demagogo se hicieron nuevamente presentes cuando decidió reducir drásticamente el sueldo de los altos funcionarios públicos. El resultado fue una sangría de técnicos de gran nivel que se fueron a trabajar al sector privado, con el consiguiente y muy serio debilitamiento del Estado en términos de eficiencia y de vulnerabilidad a la corrupción. En algún momento, García pareció reconocer su error, cuando dijo en una entrevista que posiblemente “se le había pasado la mano” con esa decisión. Más aún, a decir de su ex primer ministro Yehude Simon en un reciente mensaje de Twitter, se contempló incluso revertir la medida, por lo menos parcialmente, pero se retrocedió por miedo al ruido de las inevitables críticas de diversos sectores. Y es que, claro, la demagogia, por definición, se vende muy bien; la seriedad, en cambio, con bastante dificultad.
Hay que felicitar al gobierno de Ollanta Humala por haber tomado la valiente decisión de corregir el terrible entuerto de su predecesor. Ojalá se mantenga firme. En estos tiempos de entorno internacional menos favorable que hace unos años, nuestra economía requiere con urgencia la mayor eficiencia del Estado y, por lo tanto, tiene que mantener y atraer, ahora y no dentro de unos años, a los mejores profesionales. El incremento de las remuneraciones de los altos funcionarios es un paso indispensable en esa dirección. Obviamente, todos los haberes deberían seguir la misma evolución, pero el caso es que, en lo que a los técnicos de mayor nivel respecta, se está en competencia con el sector privado, que paga sueldos elevados. Por lo demás, se ha venido dando también aumentos graduales a policías, médicos, profesores y otros servidores públicos, que, aunque siempre insatisfactorios, representan un avance.
No vienen al caso las “argumentaciones” con tufillo convenientemente clasista de Alan García utilizadas hace ocho años y medio para intentar justificar la barbaridad perpetrada entonces, y repetidas ahora para criticar la medida correctiva. Más allá de los naturales escozores que generan las diferencias en los sueldos públicos, no podemos darnos el lujo de contar con solo algunas “islas de excelencia” en nuestro aparato estatal ni, menos aún, de mantenernos inermes viendo cómo incluso estas se ven afectadas por la atracción del imán privado. Están en juego el crecimiento y el bienestar de los peruanos.
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