Amnistía se dirigirá a Humala por caso de esterilización forzada

Queja

Lunes, 03 de febrero de 2014 | 6:16 am

acción ciudadana. Cerca de 2.200 personas han firmado la carta en la que Amnistía Internacional recordará al presidente que el Estado debe garantizar los derechos reproductivos.

Organización Internacional promueve que más ciudadanos suscriban carta para llevar hasta el mandatario reclamo por archivamiento del caso. Fiscal justifica su actuar al afirmar que la ley peruana no tipifica la esterilización como delito.

Consuelo Alonzo C.

"Es una obligación del Estado garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todo peruano sin discriminación, pero sobre todo garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas las mujeres y familiares suyos que se hayan visto afectados (por las esterilizaciones forzadas)".

Con ese tenor, 2 mil 133 personas (a la fecha) remitirán una carta al presidente de la República, Ollanta Humala, para expresarle su consternación por el archivamiento de 2.073 casos de víctimas de presunta esterilización forzada ocurridos en la década de 1990 a pesar de las evidencias presentadas.  

Como se sabe, el fiscal titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, Marco Guzmán, solo presentó cargos contra cinco profesionales de la salud involucrados en la atención de María Mamérita Mestanza Chávez, quien falleció a consecuencia de una infección tras una ligadura de trompas sin haber sido debidamente informada.

A través de la página web de Amnistía Internacional (AI), están reuniendo las firmas y esperan llegar en estos días a las cinco mil.  

En esa misiva, también le hacen un llamado a las autoridades del Ministerio Público para que "revisen esta decisión a la luz de los amplios indicios de que el personal médico que aplicó este programa de planificación familiar recibía presiones de las autoridades gubernamentales para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado".

Con esto esperan obtener una respuesta contundente del jefe del Estado, similar a la manifestada durante un mitin en la ciudad del Cusco, en junio del 2011, cuando aún era candidato. En esa ocasión, Humala señaló que las esterilizaciones forzadas cometieron "un daño irreparable".

Extraño, muy extraño

Ahora, sobre el archivamiento, la agencia de noticias Inter Press Service (IPS), se comunicó con el fiscal Guzmán para preguntarle ¿por qué después de determinar en noviembre que había indicios de la participación de Alberto Fujimori, termina excluyéndolo de esta responsabilidad poco tiempo después? Y este responde que  interrogó a Fujimori en el penal de Barbadillo, por unas dos o tres horas, de la cual "algo se ha considerado, pero no es determinante".

"Lo determinante es el paquete normativo que tengo que aplicar (…) No hay un soporte normativo que refuerce la imputación”, respondió a IPS tras revelar que el reo de la Diroes no respondió algunas de sus consultas al invocar el silencio.

A lo que se refiere Guzmán, y que también argumenta, es que la legislación peruana no tipifica como delito la esterilización forzada, así que no representa un soporte legal.  

Es por ello que en su resolución indica que los hechos materia de denuncia no constituyen delitos de lesa humanidad, sino únicamente una violación a lo derechos humanos de una sola víctima, que fue Mamérita Mestanza.

Pruebas

Aunque el fiscal no halló responsabilidad en Fujimori ni en tres de sus ministros, el Informe Final de la Comisión Especial sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) del Ministerio de Salud (2002) reseña las declaraciones del ex titular de ese portafolio Eduardo Yong Motta. "El presidente Fujimori, tomó la decisión política del lanzamiento del programa, pero que toda la planificación, la estrategia administrativa, la programación fue a nivel de la Dirección General de Planificación Familiar", revela.

Pero además, su sucesor, Marino Costa Bauer, también les confirmó la presencia del hoy recluso de la Diroes en reuniones con los directores de salud, a fin de que ellos mismos le informen sobre loscumplimientos de metas.

Solo el ex ministro de Salud de ese entonces Alejandro Aguinaga responsabilizó directamente de las esterilizaciones forzadas al que practicaba el acto médico y al que ejecutaba las políticas públicas.

Pero además el documento da cuenta de que el 55% de las esterilizaciones y vasectomías que se realizaron entre 1993 y el año 2000 se produjeron entre 1996 y 1997.  

Si en el año 1995 hubo 32.883 ligaduras de trompas; en 1997 se produjeron 109.689, algo así como 300 esterilizaciones por día. Mientras que, si en el año 1995 hubo 1.424 vasectomías; dos años después esa cifra se disparó hasta superar las 10 mil.    

 "A mi hermana las enfermeras la buscaron permanentemente"

 Desde hace 17 años, Alfonso Ramos Durand espera encontrar justicia para su fallecida hermana Celia, para sus tres sobrinas, que quedaron huérfanas, y para su dolida madre.

Refiere que en 1997, las enfermeras fueron hasta su vivienda en el caserío de La Legua, en Piura, en reiteradas oportunidades para decirle que se someta a la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria(AQV), pues esta era "rápida" y "sencilla".

Pero cuando la atendieron no había medicamentos ni oxígeno, y por eso durante el procedimiento sintió mucho dolor. Al aplicarle más anestesia, sufrió una isquemia cerebral y un paro cardiaco. Después de 21 días falleció. El Ministerio de Salud se hizo responsable.

 En cifras

 346.219 esterilizaciones hubo entre 1993 y el año 2000.

2.074 mujeres o sus deudos han denunciado que las esterilizaciones fueron forzadas.

18 mujeres murieron como consecuencia de esa práctica en pésimas condiciones.