Impericia y demagogia

Martes, 11 de febrero de 2014 | 4:30 am

Las remuneraciones en el sector público peruano.

 Es una lástima que la impericia del gobierno para implementar un sistema racional de remuneraciones en el sector público peruano que promueva su eficiencia a través del reclutamiento y aseguramiento de personal calificado, ponga en riesgo está importante reforma.

Pues soltar el anuncio un sábado por la tarde, sin explicación previa al país –a través de la prensa– sobre por qué esta beneficiará al ciudadano, es meter la cabeza en la boca del león sin tomar precauciones, especialmente cuando la oposición anda  a la caza de cualquier oportunidad.

La manera de poner en marcha este proceso por parte del gobierno, justo después del anuncio del fallo de La Haya que fue percibido como exitoso para el país por la mayoría de la opinión pública peruana, sin una explicación, abre las puertas para el aprovechamiento político recurriendo al fácil expediente de la demagogia más populachera.

Aprovechamiento que el Apra no podía dejar pasar a través de su líder Alan García, quien ha visto en este proceso una oportunidad para llevar agua para el molino de su candidatura, algo paradójico e injusto.

Pues lo que está sucediendo ahora es una corrección de la distorsión que García produjo al inicio de su segundo gobierno, cuando redujo a la mitad las remuneraciones del sector público con el fin de ganar popularidad –lo cual consiguió– pero a costa de mellar severamente la eficiencia del Estado peruano, quizá porque al final ‘la plata llega sola’ o porque nunca falta un mecenas que subsidia con unos cursitos en su universidad el impacto de esta demagogia en los bolsillos ministeriales.

Este es un problema que acaba perjudicando a todos pero, principalmente, a los más pobres que son quienes más dependen de los resultados de las políticas públicas.

Frente a esa vocación irresponsable por la demagogia, es lamentable que el gobierno del presidente Ollanta Humala no sea capaz de tomar las precauciones indispensables que requiere la implementación de una política pública que es compleja y políticamente sensible, pues el incremento de remuneraciones en la parte alta de la burocracia nunca es el mejor camino para ganar popularidad, pero sí constituye una receta fundamental para construir las condiciones para un mejor país, por lo que debe ser emprendida.

En este sentido, se debe saludar la decisión del gobierno del presidente Humala de avanzar en el proceso de reforma del Estado, lo cual pasa, entre otras acciones, por el establecimiento de una estructura de remuneraciones atractiva para el sector de la alta dirección, pero se debe lamentar su escasa preocupación por el proceso de implementación de la misma, lo cual acaba poniéndola en riesgo.