Universidad y reparto del poder

Domingo, 15 de diciembre de 2013 | 4:30 am

La creación, la libre transmisión de ideas y la investigación, por su propia naturaleza y para lograr su máximo potencial, tienen que desarrollarse en un entorno de libertad. La idea de que el Estado pueda restringir estas actividades o censurarlas repele a los derechos humanos fundamentales.

Por ello, la libertad de pensamiento, creación y cátedra son libertades consustanciales a la humanidad, garantizadas y consagradas en las constituciones del mundo. La autonomía universitaria es consecuencia natural de estos derechos, permitiendo que sus metodologías, contenidos y planes de enseñanza sean libres.

La discusión y objeción central en el debate de una nueva Ley Universitaria aprobada por la Comisión de Educación del Congreso, es que este proyecto acaba con las libertades fundamentales mencionadas. He leído todo el proyecto y, si bien puede tener muchos defectos, la acusación central es una mentira. Y bien grande.

Toda libertad acepta restricciones cuando hay fines superiores. La libertad de empresa o la de libre asociación, por cierto, tampoco son derechos ilimitados. El Estado puede crear algún arreglo institucional para regular las universidades sin que se afirme por ese solo hecho de que exista una violación constitucional. ¿Cuál es el arreglo institucional hoy para las Universidades? Que el nacimiento, la vida y el final de las universidades está regido por un conjunto de requisitos normativos que deben fiscalizar un conjunto de instituciones con funciones repartidas. El proyecto propone centralizar todas las funciones –exactamente las mismas– en una sola institución. ¿Cuál es la violación de la autonomía? ¿La centralización? Es absurdo.

Lo segundo que se afirma es que esta nueva institución, llamada Superintendencia, al estar adscrita como OPD del MED no tendrá autonomía. Bueno, exactamente lo mismo sucede con la Asamblea Nacional de Rectores que no es un organismo constitucional autónomo y que obligadamente tiene que estar adscrito a un Ministerio para que un Ministro asuma responsabilidad política frente al Congreso. ¿Y cuál es ese Ministerio? Pues es el mismo: el MED.  La ANR es una OPD del MED, les guste o no.

¿Qué ha cambiado entonces? Lo que cambia es el reparto del poder. Es ese y no otro el tema central de la pelea. En el actual sistema el poder de sancionar se encuentra repartido y disminuido. ¿El poder de acreditar? casi no existe porque el sometimiento es voluntario. ¿El poder de crear una universidad? Flexibilizado para que la valla de entrada sea la más baja posible. ¿El resultado? 35% de egresados profesionales en el sub empleo en una situación económica de prosperidad y crecimiento del empleo con carreras en donde la demanda no está satisfecha. ¿Eso es justo?

El proyecto propone centralizar todo el poder en un directorio en donde rectores y promotores universitarios no tendrán mayoría. Tampoco el Estado. Se incorporan representantes de gremios como los colegios profesionales y la Confiep, más conectados con el mercado laboral y sus necesidades urgentes. Es decir, los rectores pierden poder.

¿Es esto violatorio de alguna norma constitucional? No. El proyecto garantiza la libertad de cátedra y la libertad para formular planes académicos y metodologías. Conserva exactamente el mismo modelo de gobierno interno que hoy tienen las universidades: Asamblea, Consejo, Facultades, etc. Pero coloca requisitos de grados académicos mínimos para ser docentes (con lo que discrepo), características básicas de infraestructura y otros asuntos que parecen excesivamente reglamentaristas pero que responden, probablemente, a la situación de espanto que la Comisión ha encontrado en sus visitas a campus en Lima y en el interior del país. Estos detalles deben ser debatidos, eliminados o mejorados.

La mejor y tal vez única forma de movilidad social que tiene un joven en situación de pobreza es su educación. Millones de padres en todo el país, que no tuvieron educación superior, tienen la esperanza de un futuro mejor para sus hijos y hacen sacrificios extraordinarios para mantener a un hijo estudiando. ¿Puede un país serio defraudar esa esperanza?