PISA y sus consecuencia

La Prueba Internacional de Aptitudes de Estudiantes (en inglés Programme for International Student Assessment - PISA) es una evaluación que hace cada tres años la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), basada en París, de las competencias educativas de los países. La OCDE es una organización muy respetada que ha sido la sucesora del Plan Marshall de ayuda a la reconstrucción de Europa, financiada y organizada en 1948 por Estados Unidos. Hoy la OCDE es un club de intercambio de información económica de los países más desarrollados del planeta. En América Latina solo son socios Chile y México, y el actual secretario general de la OCDE es Ángel Gurría, un buen amigo de América Latina y distinguido exsecretario de Hacienda y Canciller de México. Él le ha dado a la OCDE bastante dinamismo y está tratando de ampliar el grupo de países que pertenecen a ella. Sería una muy buena idea, aunque nos cueste un poco, que el Perú persista en su esfuerzo de ser miembro de la OCDE.

Hace algo más de una semana la OCDE publicó su informe PISA 2012. De los 66 países evaluados, están en los primeros puestos Singapur, las grandes ciudades de China, incluyendo Shanghái y Hong Kong, y unos países más, como Corea del Sur, Finlandia y Japón. En el último puesto de los 66 está nuestro Perú, tanto en competencia matemática, comprensión lectora y competencia científica (datos publicados en el diario español El País el 4 de diciembre de este año). Una evaluación más amplia hecha por el Foro Económico Mundial, que publico en mi reciente libro "Más Allá de 2021", coloca al Perú en el puesto 91 de 150 países evaluados en calidad de salud pública y de educación primaria. Esa misma lista nos pone en el puesto 89 en infraestructura y 105 en la calidad de nuestras instituciones. Pero también nos pone entre los primeros puestos en la calidad de nuestro manejo macroeconómico. O sea, nos enfrentamos a una dicotomía: buen manejo económico, pero grandes debilidades en los servicios básicos que debe otorgar cualquier Estado moderno. Por cierto, muchos países latinoamericanos están en una situación parecida, pero algunos, en particular Chile y Uruguay, sí han progresado bastante en los temas de salud pública e infraestructura. Para nosotros, en el Perú, el gran tema es cómo fortalecer la educación pública, servicio fundamental para las familias de recursos económicos limitados, que son la mayoría de los peruanos. Muy lamentablemente, como lo demuestro en las estadísticas del mismo libro, invertimos hoy en educación pública menos en proporción a nuestro producto que en el año 2002: 3% del Producto Interno Bruto en el 2002, y solo 2.8% en el 2012. Hemos retrocedido. Es evidente, sin menospreciar los esfuerzos que está haciendo el sector privado en educación, que debemos invertir mucho más en educación pública. Hay que empezar por los profesores. Hoy la mayoría de los profesores de escuela pública ganan al mes unos S/.1200 en promedio, salvo la minoría de excepción que accedieron a la Carrera Pública Magisterial. S/.1200 al mes más gratificaciones es aproximadamente S/.15,000 al año, o sea la mitad del ingreso promedio por habitante que tiene el Perú hoy, de aproximadamente S/.28 mil por año. ¿Cómo queremos que progrese la educación pública si no valoramos a los profesores? No nos debe sorprender, por consiguiente, que los profesores, la clave de cualquier sistema educativo, no estén motivados ni tampoco estén muchos de ellos a la altura de la tarea.

¿Qué hacer? Pienso que hay que dar una señal de cambio radical. Una alternativa que ya se intentó en el gobierno de Alan García es el de la Carrera Pública Magisterial, con pruebas para ascensos y mejoras salariales. Ciertamente es una alternativa que hay que considerar. Pero perdió mucha fuerza porque el gobierno de García dejó que el sueldo real de los profesores fuera bajando año tras año. Pienso que para cambiar el diálogo y dar una clara señal de un cambio radical, el primer paso sería un aumento inmediato a todos los maestros del sector público de 20% (S/.250 al mes), para recuperar el poder adquisitivo perdido desde el año 2006. Después de haber dado esa señal, y habiendo creado un ambiente nuevo de buena voluntad, se puede empezar una discusión nacional sobre cómo mejorar la enseñanza. Lo que no se puede hacer es lo que viene ocurriendo desde hace ya varios años, en el gobierno actual y en el anterior también, de congelar por demasiado tiempo las remuneraciones reales del sector público, lo que desemboca en los problemas que hemos visto en los últimos meses con los médicos, las enfermeras, los jueces, los policías y, lo veremos pronto, los maestros.

Evidentemente, una reforma educativa requiere muchas cosas, pero lo primero es motivar a los principales actores de esa reforma, que deben ser los maestros. Sin ese primer paso, no progresaremos. Lo más triste es que sí tenemos los recursos y los estamos poniendo en diversos proyectos de tipo más bien político (refinerías, "tambos", etc.), en vez de invertirlos en lo que debe ser la gran prioridad para el Perú: la educación para todos