Se equivocan quienes crean que el fujimorismo se ha resignado a que Keiko Fujimori sea presidenta en el año 2016 para recién entonces indultar a su padre, pues cada vez es más evidente la estrategia en marcha para sacarlo antes de la Diroes.
Tan evidente como que dicho ‘rescate’ es –y no otro– el objetivo prioritario del fujimorismo, una agrupación que, desde 1990, ha cambiado tantas veces de nombre como fue necesario para adaptarse a la conveniencia del momento, y que solo compite con el Partido Nacionalista de Ollanta Humala y Nadine Heredia en el carácter familiar de su forma de tomar decisiones.
Por eso es ridículo escuchar a Keiko Fujimori criticar al presidente Humala por lo del ‘gobierno familiar’ pues en eso, como en algunas otras cosas, se parecen bastante.
No coinciden, en cambio, en cuanto a la condena de Alberto Fujimori en aspectos fundamentales de la misma como su justeza, plazo o lugar de cumplimiento.
En concreto, los fujimoristas creen que la sentencia fue injusta por lo que se debiera proceder al indulto o, en el peor de los casos, a que se cambie la ley para que pueda cumplir su condena en su casa bajo la forma de arresto domiciliario. El presidente Humala, por su parte, como es evidente por su denegación del pedido de indulto para Alberto Fujimori, piensa todo lo contrario.
El fujimorismo pretende aprovechar el contexto del 2014 para volver a la carga, ya no con la reiteración de un pedido de indulto que sabe que no se producirá durante la presidencia de Humala, sino mediante el cambio legal para permitir el arresto domiciliario para condenados. Y ya en el 2016, vendría el indulto de la ‘presidenta Keiko’.
El próximo año puede ser, en este sentido, propicio para la construcción de oportunidades políticas que ayuden a acercarse a ese objetivo, una de las cuales será la investigación sobre supuestas vinculaciones de Óscar López Meneses con el gobierno del presidente Humala.
Eso requerirá avanzar en otras acciones políticas, la más importante de las cuales parece ser, en el momento actual, la erosión de la credibilidad de la sentencia que acabó enviando a Alberto Fujimori a la cárcel, por veinticinco años, por su participación en la mayor corrupción que se recuerde en el país y en crímenes de lesa humanidad.
Eso explica el linchamiento fujimorista –político y mediático– de estos días contra el juez supremo César San Martín, el cual busca construir la idea de que, como dijo Keiko Fujimori anteayer, “el juicio contra mi padre fue una farsa”.
En cualquier caso, no hay duda de que la carcelería de Alberto Fujimori en la Diroes seguirá siendo un tema político caliente el 201
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