LA HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ

El título corresponde a la versión en castellano del libro del historiador peruano Alfonso Quiroz, publicada por el Instituto de Estudios Peruanos y el Instituto de Defensa Legal, cuya presentación se hará este martes 14 de mayo en el auditorio del IEP. Lamentablemente, el autor murió antes de que estuviera lista la edición, pero sí fue una de sus últimas preocupaciones, pese al esfuerzo descomunal que le significó. De las muchísimas cifras que trae la investigación, me impresiona de sobremanera el costo que ha significado para el país este patrón constante de corrupción: un 4% del PBI en promedio. ¿Qué hubiera pasado si el país hubiera contado con ese porcentaje para, por ejemplo,

educación?

 El libro de Quiroz llega solo hasta los años de Fujimori y Montesinos, caracterizados como los de mayor corrupción en nuestra historia. Pero si Alfonso viviera, estaría trabajando en un segundo tomo, ya que la absoluta falta de probidad de nuestros gobernantes ha continuado visiblemente. No hay nada para suponer que estemos ante un fenómeno de una magnitud ni mínimamente parecida a la de los 90, pero ya hay señales de que las cantidades en juego no son de poca monta.

De la gran cantidad de denuncias que existen, son especialmente graves las que involucran a Alan García y Alejandro Toledo, por tratarse de los dos últimos expresidentes.

En relación a García, todavía no está clara su vinculación con el caso de Business Track, ni la manera en que ha podido adquirir una nueva propiedad y su responsabilidad frente a la fábrica de indultos, entre otras imputaciones. Si no tiene rabo de paja debería colaborar de una manera muy esmerada con las investigaciones, tomando en cuenta que respecto a su primer gobierno se salvó de numerosas investigaciones judiciales, al acogerse –legal pero indebidamente– a la prescripción.

En el caso de Toledo, él podría haber disipado toda duda si inmediatamente hubiera salido a los medios a explicar de manera didáctica y con documentos irrefutables cómo su suegra ha podido gastar unos 5 millones de dólares en propiedades ubicadas en suelo peruano, donde no vive. El que no lo haya hecho es una mala señal.

Respecto al actual gobierno, no hay casos que se vinculen directamente a la pareja presidencial, aunque no se puede olvidar que los humalistas blindaron a Omar Chehade para que no fuera investigado penalmente y que no se tomaron las medidas que correspondían a la gravedad de lo sucedido con Alexis Humala.

A otro nivel, la Procuraduría Anticorrupción viene haciendo un monitoreo de los casos que recibe, lo que ha aportado información empírica de algo que se intuía. El mayor número de denuncias que le llegan se vincula con los municipios distritales y provinciales, y, en cuarto lugar, con los gobiernos regionales. De ahí la importancia de cómo terminen las denuncias de Comunicore o las que tiene Burgos, alcalde de San Juan de Lurigancho.

En el IDL estamos tratando de ver el seguimiento que algunos medios de comunicacón hacen de este fenómeno, para lo que hemos creado El WATCHiman Anticorrupción (ver Justicia Viva). En la primera entrega, hemos registrado 155 noticias en cinco periódicos, durante los meses de febrero y de marzo, en las que aparece, en primer lugar, una denuncia vinculada a otro sector: el contrato firmado por representantes del Ministerio de Defensa y la empresa israelí Global.

 ¿Qué hacer en términos prácticos? Como en todo, no hay que inventar la pólvora. En el Perú y en muchos otros países lo que ha dado muy buenos resultados es el fortalecimiento de un sistema especializado, con personal altamente calificado (que existe), con recursos (que hay), con apoyo institucional pero independiente en los hechos. Y, como parte de un conjunto de medidas preventivas: una buena Contraloría, el máximo de transparencia y de acceso a información pública y buenas normas vinculadas a aspectos como lavado de activos o conflictos de intereses.