Viernes, 20 de diciembre de 2013 | 4:30 am
La posibilidad creciente de que Alan García sea inhabilitado para postular a la presidencia en el año 2016 será uno de los hechos más relevantes de la agenda política del 2014.
Ese riesgo –para el Apra– creció luego de que la ‘Megacomisión’ aprobara recomendar la acusación constitucional contra el ex presidente García por su participación en la concesión de indultos y conmutaciones a sentenciados por narcotráfico.
A la de los ‘narcoindultos’ en breve se agregaría otra acusación: la vinculada a los ‘petroaudios’ y BTR.
Esto ocurre luego de que el Fiscal de la Nación concluyera que García no tiene un desbalance patrimonial, un fallo que es inapelable pero que está enlodado porque el perito del caso resultó siendo un aprista.
Los que votaron por la acusación señalan que García montó un sistema para el otorgamiento masivo de gracias que incluyó a más de 400 sentenciados por narcotráfico.
García ha respondido que la motivación de la acusación es sacarlo de la carrera electoral, un hecho fomentado por “la incapacidad de superar los logros de mi gobierno”.
El caso seguramente llegará hasta el Poder Judicial, el cual deberá dirimir la responsabilidad de García en lo que sería un abuso obvio del sistema de gracias presidenciales.
Llegar a esa etapa va a requerir un largo proceso de aprobación sucesiva en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y, por último, el Pleno del Congreso, algo que no ocurrirá antes del final del verano.
Mientras, este caso provocará una batalla política con alianzas y pleitos insólitos. La tensión entre el Apra y el gobierno va a aumentar.
La votación de anteayer da algunas luces: Gana Perú y Perú Posible a favor, Solidaridad en contra y el fujimorismo con abstenciones que dan que pensar que hay una ‘conversación’ pendiente con el Apra.
El papel de los medios también será relevante en este debate, y aquí es claro que el principal grupo mediático del país ha tomado una posición bastante evidente para respaldar la candidatura 2016 de Alan García, algo que seguramente se reflejará en la discusión sobre la acusación constitucional.
Se trata de una acusación que debe ser procesada con todo rigor y pulcritud, aplicando sanciones si se demuestra que corresponde.
Pero no debiera olvidarse que sacar de carrera a un dos veces ex presidente de la República es un asunto complejo que, si ocurre, debe terminar siendo perfectamente fundamentado.
De lo contrario, la consecuencia política para el país puede ser lamentable. Por ello, más allá del pleito político que es inevitable, será indispensable exigir un debido proceso con toda la transparencia.
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