Una vez más queda demostrado que al gobierno de turno, como a los anteriores, le faltan políticas de prevención de conflictos sociales. Esto se ratificó con los últimos incidentes presentados en La Oroya, Junín, y tras el bloqueo de la vía principal, que une Lima con las regiones de esa zona del país; además, es lamentable que la muerte de un manifestante haya servido para que recién tomen cartas en el asunto.
Aproximadamente desde mayo se sabía lo que se veía venir en la estratégica Carretera Central con la anunciada liquidación del complejo metalúrgico de Doe Run, y no existió capacidad para prevenir ni advertir con la búsqueda de una solución al problema en sí.
Son conflictos que demandan atención en sus etapas iniciales y no cuando la violencia se apodera de la situación, lo que se ha vuelto frecuente en el país en los últimos años, sin olvidar lo que pasó en Conga, Bagua o recientemente en Tía María, en la provincia de Islay, región Arequipa.
En cada una de estas situaciones siempre se registraron muertos y daños, saldos que pudieron evitarse si los actores designados por el Gobierno para la prevención de estos problemas hubiesen asumido con responsabilidad sus obligaciones, accionar que debe contar con el respaldo del Ejecutivo.
Hay que entender de una vez por todas que este tipo de conflictos -que en la actualidad suman 150, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo- tienen que ser atendidos cuando se gestan y no cuando se convierten en incontrolables.
Urge un cambio de actitud en prevención de conflictos para evitar innecesarias muertas y daños.
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