DELINCUENCIA Y LEY DE GEO LOCALIZACIÓN
“Pasa una banda de criminales, en sus hermosas motos policiales” Piero-Las cosas que pasan.
El Perú vive secuestrado por el miedo a la delincuencia común. Tenemos la tasa más alta de delincuencia de América Latina, sin contar a Colombia y México con sus guerras donde los crímenes sobre pasan lo común.
Solamente en Lima, se calcula con austeridad, existen 400 pandillas que contarían con 24 mil integrantes, de los cuales 11 mil son menores de edad, que están fuera del sistema escolar, apresados por el consumo de drogas. Armados con pistolas, armas hechizas, cuchillos y machetes.
Se roba un promedio de 20 autos al día, o sea 7 mil por año. Se recupera más del 60% de estos, las mayorías desmanteladas o completas pero habiéndoseles usado para robos al paso o raqueteos, lo que hace que la cifra de “autos recuperados” sea una ilusión.
Los asesinatos por sicariato dan como promedio un muerto al día. Las cifras oficiales hablan de 250 hurtos diarios y que el 30% de limeños han sido víctima de estos. Se calcula que cada treinta minutos suceden por lo menos cinco delitos. Todas estas cifras basadas en las denuncias. Lo que nos indica que las la realidad es peor, puesto que hay resignación en un sector de la población que siente que de poco sirve denunciar.
Para combatir la delincuencia se ha intentado de todo: traer asesores extranjeros, poner cámaras en todo lugar posible, aumentar las policías municipales, comprar más patrulleros, aumentar las penas, hacer mega operativos, subir sueldos, capturas de peces flacos para las noticias y lograr un hacinamiento en las cárceles (donde miles no están sentenciados) que son de los mayores en el continente.
Los secuestros se redujeron porque las condenas podían llegar a la cadena perpetua. Y los secuestradores se cambiaron de rubro hacia la extorsión. Y se subieron las penas de hasta 25 años y se les rebajaron los beneficios. Pero la serie de atentados que sufren empresas y ciudadanos comunes indica que no los asusta mucho el nuevo escenario.
Y ahora se les ha ocurrido una ley para la localización de los extorsionadores a través de los teléfonos sin la necesidad del mandato expreso de un juez. Y desde luego genera sospechas en los conocedores del tema.
Este sigue siendo el país del reglaje ilegal, del chuponeo y el comercio de información privada. Desde la dictadura con el SIN, pasando por BTR en el aprismo, la DINI en el humalismo, sin contar la decena de “empresas de seguridad” privadas en teoría, pero ligadas a las distintas ramas de las FFAA y Policiales en realidad.
Es decir, se siente que se quiere legalizar lo que ilegalmente se viene haciendo. Y usarla no solo contra los extorsionadores sino contra enemigos políticos, empresariales, periodísticos etc.
A parte de esto, son varios los motivos por los cuales dicha ley es cuestionable por lo menos. Primero porque se debería fortalecer la institucionalidad en vez de querer pasarla por encima. Es decir aumentar los jueces (probos) de turno, para que coordinen en tiempo real y evalúen el pedido de la policía con velocidad.
Segundo la mayoría de los celulares usados por los extorsionadores son de dueños fantasmas. Comprados cuando no era necesario ni dar nombres completos a las empresas. Y estas se niegan a sacarlos de sus sistemas, pues están entre los mejores clientes por las recargas, sobran explicaciones.
Tercero porque es poco probable que mantengan activos dichos celulares una vez realizada la extorsión, menos que se queden en algún lugar donde puedan ser apresados. Y una vez sepan que la ley está aplicándose, comenzaran a usar teléfonos públicos.
Y por último porque el 90% de las extorsiones se realizan desde los penales. Penales que están custodiados por el INPE y la misma policía que reclama esta ley para ser más efectivos en sus capturas.
La corrupción que ahoga a la policía nacional hace que el poder del dinero de los delincuentes tenga secuestrada la institución. Pagan por acomodar los partes policiales en Dirincri y Dirandro y por todas las gollerías en los penales incluido la tenencia de celulares, donde requisan un día para venderselos al día siguiente.
Igual pasa con el mercado negro de armas donde son malos elementos de las FFAA y Policiales los que la abastecen.
Solo entre mayo del 2013 y lo que va de este año, 426 policías, oficiales y sub oficiales fueron pasados al retiro por corrupción y otras “irregularidades”. Una gran parte de ellos, apartados por nexos con bandas de extorsión, narcotráfico, secuestro y robo agravado. Es decir hay demasiados zorros cuidando el gallinero.
La delincuencia pasa por la policía, fiscalía y juzgados como por puertas giratorias. Si no “arreglan” en una instancia, lo hacen en otra. El problema es estructural y así debe tomarse.
Mientras las desigualdades sociales sean abrumadoras como es el caso de nuestro país, así pongamos pena de muerte, así fusiláramos a todos los delincuentes, en poco tiempo ese espacio estaría siendo ocupado por nuevas generaciones de excluidos de la fiesta neoliberal.
Y mientras sean la policía y poder judicial parte importante del problema, mientras las cárceles sean maestrías del hampa, de nada servirá el esfuerzo de las partes sanas del estado que luchan con desvelo contra ese flagelo.
La lucha contra la delincuencia debe pasar menos por leyes para la tribuna, que una ciudadanía asustada acepta como tabla de salvación, y más por planes de erradicar la corrupción dentro de las instituciones llamadas a combatirlas como primer paso.
Porque por el camino andado seguiremos lamentando el gasto inútil de recursos mientras las calles se siguen desangrando y todos vamos perdiendo derechos.
El Perú vive secuestrado por el miedo a la delincuencia común. Tenemos la tasa más alta de delincuencia de América Latina, sin contar a Colombia y México con sus guerras donde los crímenes sobre pasan lo común.
Solamente en Lima, se calcula con austeridad, existen 400 pandillas que contarían con 24 mil integrantes, de los cuales 11 mil son menores de edad, que están fuera del sistema escolar, apresados por el consumo de drogas. Armados con pistolas, armas hechizas, cuchillos y machetes.
Se roba un promedio de 20 autos al día, o sea 7 mil por año. Se recupera más del 60% de estos, las mayorías desmanteladas o completas pero habiéndoseles usado para robos al paso o raqueteos, lo que hace que la cifra de “autos recuperados” sea una ilusión.
Los asesinatos por sicariato dan como promedio un muerto al día. Las cifras oficiales hablan de 250 hurtos diarios y que el 30% de limeños han sido víctima de estos. Se calcula que cada treinta minutos suceden por lo menos cinco delitos. Todas estas cifras basadas en las denuncias. Lo que nos indica que las la realidad es peor, puesto que hay resignación en un sector de la población que siente que de poco sirve denunciar.
Para combatir la delincuencia se ha intentado de todo: traer asesores extranjeros, poner cámaras en todo lugar posible, aumentar las policías municipales, comprar más patrulleros, aumentar las penas, hacer mega operativos, subir sueldos, capturas de peces flacos para las noticias y lograr un hacinamiento en las cárceles (donde miles no están sentenciados) que son de los mayores en el continente.
Los secuestros se redujeron porque las condenas podían llegar a la cadena perpetua. Y los secuestradores se cambiaron de rubro hacia la extorsión. Y se subieron las penas de hasta 25 años y se les rebajaron los beneficios. Pero la serie de atentados que sufren empresas y ciudadanos comunes indica que no los asusta mucho el nuevo escenario.
Y ahora se les ha ocurrido una ley para la localización de los extorsionadores a través de los teléfonos sin la necesidad del mandato expreso de un juez. Y desde luego genera sospechas en los conocedores del tema.
Este sigue siendo el país del reglaje ilegal, del chuponeo y el comercio de información privada. Desde la dictadura con el SIN, pasando por BTR en el aprismo, la DINI en el humalismo, sin contar la decena de “empresas de seguridad” privadas en teoría, pero ligadas a las distintas ramas de las FFAA y Policiales en realidad.
Es decir, se siente que se quiere legalizar lo que ilegalmente se viene haciendo. Y usarla no solo contra los extorsionadores sino contra enemigos políticos, empresariales, periodísticos etc.
A parte de esto, son varios los motivos por los cuales dicha ley es cuestionable por lo menos. Primero porque se debería fortalecer la institucionalidad en vez de querer pasarla por encima. Es decir aumentar los jueces (probos) de turno, para que coordinen en tiempo real y evalúen el pedido de la policía con velocidad.
Segundo la mayoría de los celulares usados por los extorsionadores son de dueños fantasmas. Comprados cuando no era necesario ni dar nombres completos a las empresas. Y estas se niegan a sacarlos de sus sistemas, pues están entre los mejores clientes por las recargas, sobran explicaciones.
Tercero porque es poco probable que mantengan activos dichos celulares una vez realizada la extorsión, menos que se queden en algún lugar donde puedan ser apresados. Y una vez sepan que la ley está aplicándose, comenzaran a usar teléfonos públicos.
Y por último porque el 90% de las extorsiones se realizan desde los penales. Penales que están custodiados por el INPE y la misma policía que reclama esta ley para ser más efectivos en sus capturas.
La corrupción que ahoga a la policía nacional hace que el poder del dinero de los delincuentes tenga secuestrada la institución. Pagan por acomodar los partes policiales en Dirincri y Dirandro y por todas las gollerías en los penales incluido la tenencia de celulares, donde requisan un día para venderselos al día siguiente.
Igual pasa con el mercado negro de armas donde son malos elementos de las FFAA y Policiales los que la abastecen.
Solo entre mayo del 2013 y lo que va de este año, 426 policías, oficiales y sub oficiales fueron pasados al retiro por corrupción y otras “irregularidades”. Una gran parte de ellos, apartados por nexos con bandas de extorsión, narcotráfico, secuestro y robo agravado. Es decir hay demasiados zorros cuidando el gallinero.
La delincuencia pasa por la policía, fiscalía y juzgados como por puertas giratorias. Si no “arreglan” en una instancia, lo hacen en otra. El problema es estructural y así debe tomarse.
Mientras las desigualdades sociales sean abrumadoras como es el caso de nuestro país, así pongamos pena de muerte, así fusiláramos a todos los delincuentes, en poco tiempo ese espacio estaría siendo ocupado por nuevas generaciones de excluidos de la fiesta neoliberal.
Y mientras sean la policía y poder judicial parte importante del problema, mientras las cárceles sean maestrías del hampa, de nada servirá el esfuerzo de las partes sanas del estado que luchan con desvelo contra ese flagelo.
La lucha contra la delincuencia debe pasar menos por leyes para la tribuna, que una ciudadanía asustada acepta como tabla de salvación, y más por planes de erradicar la corrupción dentro de las instituciones llamadas a combatirlas como primer paso.
Porque por el camino andado seguiremos lamentando el gasto inútil de recursos mientras las calles se siguen desangrando y todos vamos perdiendo derechos.
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