Si hay un caso de corrupción en el que el uso del poder para lucrar en forma ilegal se entremezcla con la delincuencia común en sus versiones más corrientes, ese es el de los “narcoindultos” mediante los cuales el expresidente que los firmó tiene al menos la responsabilidad moral y ética de haber puesto en la calle a más de 800 narcotraficantes peligrosos, todo un récord mundial que ese exgobernante, casi con cinismo, pretendió comparar con algunas decenas de perdones otorgados, por excepción, como corresponde, por el presidente de Estados Unidos.
Y en este caso no solo cruzan sus caminos la corrupción política y el narcotráfico, uno de los crímenes con mayor poder económico corruptor, sino también prácticas mafiosas como la llamada ley del silencio, que obliga a los criminales asociados a escoger entre no delatar o perder la vida.
De ese corte mafioso son las amenazas de muerte que la red criminal que –según las investigaciones de la Fiscalía- había sido organizada para cobrar los sobornos a cambio de los indultos y conmutaciones, ha lanzado contra uno de sus miembros que ha optado por confesar ese crimen, declararse culpable y ofrecerse como testigo.
Por ello, ha recibido una condena menor de la que hubiera tenido de seguir negando lo evidente, y se ha convertido en un testigo clave para la condena de los otros 13 juzgados, encabezados por quien fuera presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales y notorio militante aprista, así como hombre de confianza de muchos años del presidente que firmaba los “narcoindultos”.
Eso para las mafias tiene la muerte como castigo, por lo que la Procuradora Antidrogas ha pedido que se redoble la seguridad para el preso sentenciado y sus familiares, teniendo en cuenta además que se trata de un testigo clave para que los demás acusados no eludan a la justicia.
Es posible que lo que diga el testigo pueda servir para esclarecer hasta dónde llega la red mafiosa, por lo que su vida corre peligro.
El juicio además recogerá las declaraciones de los familiares, de vieja militancia aprista, de un joven exmilitante de ese partido, presunto narcotraficante y ligado al jefe de la organización de los “narcoindultos”, lo que debe dar más luces sobre las derivaciones de este caso en el terreno de la “narcopolítica”.
La ciudadanía espera que, además, no quede impone el principal responsable, el presidente a quien servía el jefe de la red y que aprobaba los indultos, tras estudiar los casos, uno por uno y “consultando solo con Dios”, según dijo para luego arrepentirse y retractarse.
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