El nuevo caso se registra cuando no ha pasado mucho tiempo desde que un tiroteo quebró la noche limeña tras la Semana Santa, desatando un escándalo cuyo protagonista, presunto narcotraficante, era militante aprista y tenía vínculos con el operador de los narcoindultos de García, operador que a su vez era ejecutivo de la empresa de correos, cuando esta era usada para enviar droga al extranjero.
El joven bautizado por la prensa como “narcoaprista” y su familia fueron separados con extraña demora del viejo partido, aunque antes se supo que tenía otros vínculos con elementos del aparato partidario que le permitieron, por ejemplo, hacerse posesionario de una casa incautada a un empresario corrupto.
Y hace menos tiempo aún, otro aprista era dueño de una casa en la que la policía encontró 70 kilos de cocaína.
Esta vez ha sido la esposa brasileña de uno de sus hombres de confianza, exministro del primer gobierno aprista, y quien, según investigaciones policiales en el vecino país, era pieza clave del aparato de corrupción de empresas constructoras brasileñas y gestionó para dos de ellas contratos para obras públicas en el Perú, bajo el último gobierno aprista, y habría sido portadora de sobornos para funcionarios del último régimen aprista.
Las revelaciones de la prensa brasileña, que recogen información de las pesquisas, indican que su labor empezó en 2008, cuando participó en reuniones de representantes brasileños con los ministros apristas de Vivienda y Energía y Minas de la época, así como con el presidente de Petroperú.
Como es usual en estos casos, la presunta cajera de los sobornos niega toda vinculación con la red de corrupción brasileña y sostiene ser inocente de las presuntas ilegalidades que se le imputan.
Sea como fuere, el caso debería ser investigado hasta esclarecerse completamente, teniendo en cuenta que antes se descubrió en Brasil pagos de sobornos por obras de la Carretera Interoceánica que han movilizado ya al Ministerio Público.
Es de esperar que el viejo partido, marcado por la corrupción por la gran mayoría de los peruanos –según muchas encuestas-, no repita, para procurar impunidad nuevamente, el manido argumento de que la investigación es una supuesta maniobra político-electoral. La
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