Los constitucionalistas César Valega y Guillermo Olivera Díaz concordaron en que el juez Hugo Velásquez habría cometido el delito de prevaricato al anular los informes finales de la Megacomisión investigadora del segundo gobierno de Alan García, violando la autonomía del Poder Legislativo.
Valega fue enfático al indicar que el titular del Quinto Juzgado Constitucional de Lima habría cometido los delitos de prevaricato y usurpación de funciones, pues violó la competencia del Congreso e invadió sus atribuciones al anular los informes finales de la Megacomisión.
“Hay muchos jueces que se dejan llevar por intereses políticos y económicos, para tomar este tipo de decisiones”, remarcó.
“Cada poder del Estado es separado y el Poder Judicial no le puede decir al Congreso qué tiene que hacer. Acá el juez habría cometido delito de usurpación de funciones actuando como si fuera una autoridad del Parlamento. Está claro que la resolución de este magistrado es una muestra palpable de que el Poder Judicial ha usurpado las funciones del Congreso”, reiteró.
Añadió que Velásquez debería ser denunciado también ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), pues “es evidente que esta resolución ha sido preparada por el equipo de abogados de Alan García”.
El jurista Olivera Díaz consideró que el magistrado habría cometido el presunto delito de prevaricato “por emitir una resolución aberrante que declara nulos los informes finales de la Megacomisión”.
“La Resolución Nº 33 del juez Velásquez es írrita o nula, por violar las leyes expresas relativas a la etapa de ejecución de sentencia que regula el Código Procesal Constitucional; así como las normas expresas del Código Procesal Civil sobre nulidad de actos procesales; y por desacatar dos mandatos legítimos (órdenes de cumplimiento obligatorio) de la Primera Sala Civil Superior de Lima en su Resolución 1066, del 1 agosto de 2014”, remarcó.
Olivera Díaz reiteró que Velásquez habría desacatado la orden de la Primera Sala Superior al anular los informes congresales, “pues esa entidad señaló que no es prudente ni sensato que el juez declare la nulidad de un informe del Congreso que ni siquiera ha visto y cuyo contenido no conoce”.
Explicó que el magistrado desacató otra orden de la Primera Sala, para que revoque o confirme los informes del Congreso, porque “pese a este mandato expreso, legítimo y obligatorio el juez ha dado por concluido (cerrado) el proceso de amparo iniciado por García, ordenando el archivo definitivo del caso, con la intención de que su sentencia no pueda ser apelada ni se pueda pedir su nulidad”.
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