El expediente Toledo

Firme decisión del Congreso

El Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad el informe final de la comisión investigadora de las operaciones financieras del ex presidente Alejandro Toledo, conocido como el caso Ecoteva, que recomienda denunciarlo por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Asimismo, detalla las transacciones sospechosas del ex mandatario realizadas junto a su esposa, suegra y otros personajes de su entorno como la constitución de empresas off shore para efectuar irregulares transferencias bancarias con dinero de origen desconocido, compras y cancelación de hipotecas. Estas operaciones estuvieron dirigidas a adquirir tres inmuebles; dos de ellos negados como propios a pesar de las evidencias y los testigos.

El documento aprobado será remitido a la Fiscalía de Lavado de Activos y se sumará a la lenta investigación en curso y en la que Toledo aún no es considerado investigado. Como se sabe, recientemente, el fiscal especializado Marco Antonio Cárdenas a cargo del caso Ecoteva accedió a la queja de derecho de la procuraduría, corrigió el dictamen de la fiscal Elizabeth Parco –que había formalizado denuncia contra otras personas y no contra Toledo–, reabrió la investigación y dejó la acusación del ex presidente en manos de la citada Fiscalía de Lavado de Activos.

Debe saludarse la diligencia de la Mesa Directiva del Congreso para poner en debate el caso y que la decisión fuese adoptada con el concurso del oficialismo y de la bancada del partido de Toledo, Perú Posible. Este allanamiento de los partidarios de Toledo deja sentado un precedente respecto del comportamiento de las bancadas en este tipo de delicadas investigaciones, y ojalá se replique en otros casos.

Esta decisión debe ser apreciada en el contexto de la lucha contra la corrupción, requerida por la ciudadanía como una evidencia de la capacidad del sistema democrático para reformarse y controlarse. Sea cual fuese el resultado de este proceso, no se podrá decir que con Toledo hubo impunidad desde el Congreso.

Con los argumentos aportados por el Congreso y los que obran en poder de la Fiscalía, el procesamiento del ex jefe de Estado debe seguir un curso regular y sin dilaciones. El país necesita que en este caso se actúe más que nunca con los criterios de independencia y oportunidad dada la delicada función que ha desempeñado el ex funcionario que ahora el Congreso recomienda investigar.

Es cierto que a todo ciudadano le asiste la presunción de inocencia; sin embargo, la actitud de Toledo en este caso ha sido poco transparente desde las primeras explicaciones que sufrieron luego cambios radicales hasta el modo como ha encarado la investigación en la sede parlamentaria, donde en su defensa argumentó una supuesta venganza política. Ese comportamiento es resultado y continuidad de un lamentable proceder, cuestionable en un ex jefe del Estado al que le asisten obligaciones de transparencia, rectitud y prudencia, más aún si pretende continuar en la actividad política.

Nuestra joven y precaria democracia y sus instituciones, cuya recuperación fue costosa hace 14 años y en la que Toledo fue una figura descollante, no merecían este resultado.