Ahora le toca a García

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibirá restantes informes de la Megacomisión.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento será el destino natural de los restantes ocho informes de la Megacomisión que serían debatidos y aprobados por el Parlamento, para las correspondientes denuncias contra el expresidente Alan García, afirmó al diario UNO el congresista Teófilo Gamarra.

Expresó que la bancada nacionalista está plenamente de acuerdo con el reinicio del debate y aprobación de los informes restantes de la Megacomisión legislativa.

“El señor Alan García podrá hacer sus leguleyadas ante el Ministerio Público y ante el Poder Judicial, pero no puede existir limitación alguna en el Parlamento, en relación al juicio político que se hace a las personalidades políticas y funcionarios públicos, de acuerdo a la Constitución”, apuntó.

Asimismo, el parlamentario no descartó la posibilidad de que, en consecuencia, las bancadas legislativas presenten una moción para investigar los tentáculos e influencia de Alan García en los distintos poderes del Estado, especialmente -anotó- en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Da la casualidad que todas las denuncias contra García son archivadas. Y hay congresistas que están notando mucha incidencia en este tema. Con las cuestionadas resoluciones judiciales, a favor del exmandatario, han quedado comprobados los tentáculos de García en el Ministerio Público y el Poder Judicial”, remarcó.

“Ayer (anteayer) hemos aprobado que el informe relacionado con Alejandro Toledo sea remitido al Ministerio Público. Y la bancada de Perú Posible ha votado a favor. Ese debe ser el sentir de todas las bancadas. Que si en algún momento hay indicios de corrupción de irregularidades, éstas deben apoyar las investigaciones y no ampararse en leguleyadas y obstáculos formales ante el Poder Judicial”, anotó.

DENUNCIA PENAL
Por su parte, el jurista Guillermo Olivera Díaz manifestó que el cuestionado fallo del titular del Quinto Juzgado Constitucional, Hugo Velásquez, “amerita la denuncia penal y cárcel inmediata para el redomado juez infractor”.

“Estos favores, usualmente en la praxis judicial y fiscal, se dictan por considerable precio; ya que pende la destitución del benefactor, lo cual no importa a García ni al venal magistrado”, enfatizó.

Olivera ratificó igualmente que la Resoluciòn N° 33, de 1-09-2014, del juez Velásquez Zavaleta, es írrita o nula, por prevaricadora, al haberse dictado violando normas expresas –específicas– relativas a la ejecución de sentencias que regula el Código Procesal Constitucional y varias normas del Código Procesal Civil sobre fundamentos de nulidad de actos procesales.