El que no hace lobby no mama

En defensa del derecho a que la autoridad escuche.

Cada día aparecen nuevos destapes sobre vinculaciones ‘indebidas’ entre autoridades y personas con un interés particular de que el Estado decida sobre el mismo.

Por ello, por distintos motivos y con diferentes pruebas, en las últimas semanas algunos ministros se han visto envueltos en problemas.

Algunos pedidos pueden ser, en efecto, indebidos así como la forma de solicitarlos, pero no debe olvidarse que hay interacciones ciudadano/autoridad que son indispensables.

Está, por un lado, el derecho de un ciudadano, o un grupo de ellos asociados por un interés común, de hacerse oír para que su punto de vista sobre un asunto sea, al menos, escuchado por la autoridad antes de decidir sobre un caso, o para que un reclamo propio pueda ser tomado en cuenta y, acaso, resuelto.

Junto con lo anterior, por otro lado, está la obligación que debiera tener una autoridad pública, cualquiera que sea, de oír a un ciudadano o a un grupo de ellos, sobre un tema privado que se ponga a consideración de una instancia pública en demanda de su intervención.

Todos queremos hacernos oír, por buenas o malas razones, aunque algunos tengan, por una variedad de motivos que no siempre se justifican, maneras más efectivas de lograr la atención de la autoridad.

Desde el empresario que quiere instalar una planta y contrata a una persona para que le tramite el asunto con más rapidez que la usual, hasta el ciudadano que tramita un licencia  y no quiere pagar una coima; la ONG que aspira a que el ministerio escuche su planteamiento a favor de una colectividad; un sindicato en huelga que recorre las calles; un congresista que le quiere informar al ministro que votará a su favor si contrata a un familiar; un periodista que –como me ocurre de vez en cuando– aboga ante una autoridad por alguien que llegó a su programa con una necesidad particular, como un enfermo, un detenido o un maltratado por la justicia.

¿Dónde marcar la raya entre lo correcto y lo incorrecto, especialmente si se tiene en cuenta que todos creemos siempre que nuestro reclamo se justifica y debe ser atendido?
La sociedad es un mosaico de intereses en pugna por lograr la atención de la autoridad, para lo cual primero hay que hacerse oír. 

Pero, más allá de la procedencia de un pedido particular, al cual todos debieran tener el derecho de plantearlo, lo importante radica en la manera de tramitarlo y en la transparencia con que el Estado lo procesa y toma, finalmente, una decisión.

Este es un asunto en el que en el Perú aún estamos en pañales, por un Estado que, en general, suele ser sordo y muy poco transparente.