Los narcoindultos y el porvenir

Que un partido político emplee a un narco en su campaña electoral es vergonzoso. Que el tipo sea capturado con media tonelada de cocaína en su carro de campaña es enormemente vergonzoso. Que haya estado libre gracias a una conmutación por gracia presidencial es terriblemente vergonzoso. Que trabaje no para cualquier partidito microscópico sino para un partido mayor con aspiraciones de gobierno y que ha sido gobierno en el pasado es catastróficamente vergonzoso. Que le haya conmutado la pena alguien dos veces electo presidente y que aspira a serlo por tercera vez es cataclísmicamente vergonzoso. Que su liberación fuera parte de una serie de manipulaciones extrañas que han beneficiado a bandas enteras de narcos es infernalmente vergonzoso. 

Pero que haya sido puesto en libertad por Alan García y, después, haya trabajado para la campaña fujimorista, ya no es simplemente una vergüenza. Es una radiografía del proceso de criminalización y lumpenización de nuestra clase política y del monstruoso avance de la corrupción en el Perú. Los narcos son delincuentes, pero no son cualquier delincuente. Son empresarios del delito, que mueven sus fichas y entregan sus adherencias como parte de un cálculo comercial. Y el cálculo es transparente: los narcos apuestan a participar del poder y delinquir con impunidad. La política peruana se está convirtiendo, como en otros países de la región, en un espacio de diversificación para carteles, un ru-bro para invertir y recoger dividendos, y los narcos saben a qué árbol arrimarse. No es nuevo (recordemos la sociedad de Demetrio Chávez Peñaherrera, Vaticano, y Vladimiro Montesinos, durante la dictadura fujimorista), pero sí es un fenómeno creciente, que convierte la investigación de la mafia aprista de los narcoindultos en una de las coyunturas más importantes que enfrenta el país, porque de ella podemos salir como una nación con porvenir o convertidos definitivamente en un botín, regalados al crimen para siempre.