La narcopolítica

Drogas mezcladas con propaganda electoral

La detención de Danilo Conrado Silva Sánchez, cabecilla de la red internacional del narcotráfico desbaratada por la Operación Océano de la policía, es muy demostrativa y emblemática del nivel de penetración del narcotráfico en la política y debería operar como un severo llamado de atención para todos.

Silva fue capturado dentro de una camioneta que transportaba por lo menos 500 kilos de clorhidrato de cocaína. El vehículo es de propiedad del candidato fujimorista a la alcaldía de Barranca Alberto Tapia Olivares y está pintado con los colores y lemas de Fuerza Popular. Como lo documenta este diario, el mismo Silva era uno de los promotores del fujimorismo en esa ciudad. Además, en su cuenta de Facebook aparece con un polo naranja y el logotipo (K) de ese grupo político.

Más graves aún son los antecedentes de Silva. En abril del año 2001 fue detenido en Barranca junto a 5 peruanos y 2 mexicanos del Cartel de Tijuana que regentaban tres laboratorios de cocaína; entonces se le decomisó armas de fuego, 65 kilos de cocaína y US$ 25 mil. Fue condenado a 15 años de prisión, pena conmutada a 10 años por una resolución del 2009 firmada por el presidente Alan García, durante la masiva liberación de narcotraficantes que ha pasado a ser conocida como “narcoindultos”.

Lo que este caso revela hasta ahora no es una sucesión de casualidades. Se advierte en primer término la vinculación sostenida de Silva a una red internacional y sólidas vinculaciones a redes locales de traslado de drogas y manejo de las zonas de embarque y salida del país.

Llama la atención, del mismo modo, la ligereza de las relaciones entre los miembros de esta banda y el candidato fujimorista, al extremo de que las imágenes de alijos de droga mezclados con propaganda política en un vehículo usado en la campaña electoral son chocantes. La misma historia del candidato Tapia, en el supuesto de que la justicia descarte su relación con la droga incautada, no fue tomada en cuenta por Fuerza Popular: antes fue candidato al Congreso por el Frente Independiente Moralizador (FIM), teniente alcalde de Barranca por el Movimiento de Integración Regional y por el Movimiento Independiente Barranca Modernidad.

El caso emplaza a los partidos y a los políticos. Como en muchos otros casos, sigue siendo pertinente la pregunta sobre si Silva, cabecilla de una organización de traficantes de drogas, podía y merecía salir de prisión sin que cumpla un tercio de la pena impuesta y hasta qué punto resulta irresponsable la conmutación de una pena con semejantes consecuencias. Las explicaciones sobre que este liberado ha traicionado la oportunidad brindada por el Estado son igualmente indignantes en el contexto del incremento del delito del crimen organizado.

Es también cuestionable el procedimiento de los partidos para reclutar a sus militantes. En el caso de Tapia, el fujimorismo ha relajado todos los controles, omitiendo una valoración de su trayectoria y fijándose al parecer exclusivamente en sus posibilidades de financiamiento propio de su campaña.
No bastan la indignación y el retiro de los candidatos. Es preciso que los partidos asuman su responsabilidad y den paso a medidas internas para impedir estos penosos hechos y abran las puertas a una reforma que dignifique la política y no la envilezca.