domingo, 4 de octubre de 2015

ALAN GARCIA: Lo que García le debe a la justicia

Un rosario de casos de corrupción y graves crímenes contra los derechos humanos, se cuentan entre los que el expresidente aprista tiene pendientes. Están vigentes temas judiciales y parlamentarios.
Alan García Pérez
En medio de serias acusaciones que vinculan al Partido Aprista con personajes ligados al narcotráfico, se decidirá en los próximos días la suerte del expresidente Alan García en el Congreso y en el Poder Judicial.
El juicio a Miguel Facundo Chinguel (expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales y abogado del presunto narcotraficante Gerald Oropeza) es delicado pues no solo está ligado directamente a los narcoindultos que eran firmados por Alan García y su ministro de entonces Aurelio Pastor, sino que aparece como socio estratégico de Gerald Oropeza, a quien asesoraba legalmente y con quien tenía algunos negocios que las autoridades judiciales están investigando.
Recientemente se reveló que el abogado Fredy Saravia le ofreció al presunto narcotraficante Gerald Oropeza la residencia que le fue incautada al exbroadcaster José Francisco Crousillat en La Molina, pese a que se encontraba en calidad de embargo por el Poder Judicial.
¿Y quién es Fredy Saravia? Nada menos que un empleado del estudio de abogados de Miguel Villegas Guerra, vicepresidente del Tribunal Nacional Electoral del Partido Aprista, que tiene como tarea elegir a los candidatos que postularán a los diferentes comicios que se presentan y se encarga de resolver los problemas internos dentro de esa agrupación política.
Todos estos personajes vinculados al narcotráfico y que ahora son investigados por el Ministerio Público han tenido relación estrecha con el expresidente Alan García, quien ahora pretende hacer creer que no sabía nada.
En el caso “Narcoindultos”, está pendiente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un proceso a García por vilación de la Carta Magna, al haber incumplido la obligación de combatir al narcotráfico y la de respetar los fallos judiciales
LO QUE LE ESPERA
Pese a que ha tratado de bloquear las investigaciones Alan García no podrá evitar que en el Pleno del Congreso se lleve a cabo el debate de los informes pendientes de la Megacomisión sobre desbalance patrimonial y/o enriquecimiento ilícito, Agua para todos, casos complementarios y la venta del terreno e instalaciones de la Base Aérea de la FAP, en Collique.
En marzo pasado, el Pleno del Congreso aprobó los informes correspondientes a los casos Business Track (BTR) y colegios emblemáticos. Estos documentos se suman al de los narcoindultos y Sedapal, aprobados el 2014.
En el caso de la remodelación de colegios emblemáticos, la Megacomisión recomienda acusar constitucionalmente al expresidente aprista Alan García por una supuesta falta a la Constitución al promulgar el Decreto de Urgencia 004-2009 que permitió estas obras.
En cuanto al Caso BTR, el informe recomienda investigar al exmandatario Alan García, al exjefe del Gabinete Jorge del Castillo, así como a los exministros Miguel Hidalgo y Hernán Garrido-Lecca, por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir.
En estos días la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima se pronunciará sobre la apelación del Congreso contra el fallo dictado por el Quinto Juzgado Constitucional que excluye al expresidente Alan García de las investigaciones realizadas por la Megacomisión.
SU PRIMER GOBIERNO
El prontuario de García incluye casos de su primer gobierno (1985-90) de los que ha quedado impune, por triquilueñas legales que le procuraron prescripciones, gracias a las relaciones que, como es de amplio conocimiento, tienen él y su partido en los organismos de justicia.
CASO BCCI. Entre esos casos está el escándalo del BCCI, un banco de negros antecedentes al que en 1986 su gobierno depósito 270 millones de dólares del Banco Central de Reserva, una suma que hoy puede sonar modesta pero que entonces era 33 por ciento de las reservas nacionales, obviamente a cambio de jugosas comisiones.
CASO TREN ELÉCTRICO. En 1993, el empresario italiano Sergio Siragusa Mule, representante del consorcio italiano Tralima, declaró en su país que García y el ex primer ministro italiano Bettino Craxi recibieron una millonaria coima en la construcción de un pequeño tramo del Tren Eléctrico de Lima, realizada por ese consorcio. García, dijo, recibió 200 millones en efectivo y US$ 840 mil en cuentas en el exterior.
García tiene también cuentas por pagar con la justicia por la matanza de los penales, perpetrada en junio de 1986, cuando un motín de presos encarcelados por terrorismo fue sofocado a sangre y fuego con las ejecuciones de la mayoría de cerca de 300 reclusos muertos en el asalto a las cárceles de Lurigancho y El Frontón, este último todavía vigente, y ambos imprescriptibles.
García afrontó en 1992 un proceso por enriquecimiento ilícito, por su presunta participación en el escándalo del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) y su intermediación en la compra venta de aviones Mirage 2000. Poco tiempo después en 1994 fue procesado por enriquecimiento ilícito, colusión ilegal, negociación incompatible y cohecho pasivo, por la entrega de sobornos para la construcción del tren eléctrico al consorcio italiano Tralima.
Ante esos procesos Alan García se refugió en Francia y Colombia. Solo regresó cuando prescribieron los delitos por los que se le acusaba.
En la actualidad el expresidente aprista también trata de evitar que se le investigue y si la Primera Sala Civil rechaza la apelación del Congreso, tendrá que archivarse todo lo actuado por la Megacomisión, aunque los parlamentarios han dicho que sea cual fuere el resultado harán respetar sus fueros y seguirán con las acusaciones.
LOS PIDEN COMO TESTIGOS
García y Del Castillo a proceso por Lava Jato
El expresidente Alan García Pérez y su expremier Jorge del Castillo fueron incluidos como testigos en las investigaciones por el caso Lava Jato, junto a otros 13 testigos, con la finalidad de declarar sobre sus reuniones con el exministro del exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva, preso por cargos de corrupción, lavado de dinero y organización criminal.
Según la justicia brasileña, García y Del Castillo habrían sido citados por haber sostenido reuniones con José Dirceu, cuya defensa considera por su parte que podrían demostrar que este solo ofreció servicios de consultoría para los que fue contratado, aunque las pesquisas de la policía y el Ministerio Público de Brasil han detectado sobornos a funcionarios peruanos bajo el último gobierno de García y el de Alejandro Toledo.
El magistrado brasileño Sergio Moro, resolvería el martes el pedido de la defensa legal del expremier de Lula da Silva para citar a los 15 testigos propuestos.
Según Milton Pascovich, colaborador eficaz de la justicia brasileña, a mediados del 2008 José Dirceu llegó a nuestro país para reunirse con dos ministros y un funcionario del gobierno de García.
Su objetivo habría sido ganar contratos para Galvao Engenharia y Engevix, firmas a las que asesoraba. Además, según otro testimonio, bajo el actual gobierno promovió negocios para una empresa a través de Rocío Calderón, amiga de Nadine Heredia, aunque no hay registros de que esa empresa hubiera conseguido contratos en el Perú.
El legislador Sergio Tejada –ex titular de la comisión del Congreso que investigó las presuntas irregularidades en el período de Alan García– y registros de visitas del Palacio de Gobierno revelaron que Zaida Sisson, esposa del exministro aprista estuvo al menos siete veces en Palacio de Gobierno durante el gobierno aprista y fue recibida por el exmandatario y su secretaria, Mirtha Cunza Arana.

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