No es solo en el Perú, es en toda América Latina, África y algunos países de Europa que a la protesta social se la quiere convertir en un crimen a partir de una estrategia de criminalización de la disidencia política.No estoy diciendo que si como resultado de una protesta una turba linche a alguien no sean perseguidos por linchamiento, ni que si algunos de los líderes de la misma extorsionan a ciudadanos no estén cometiendo el delito de extorsión. Me refiero a lo que Ban Ki Moon ha señalado cuando le jaló las orejas a OHT en la reunión del FMI y BM: en los conflictos sociales medioambientales del Perú han muerto casi 50 personas por uso excesivo de la fuerza de parte de la Policía Nacional. O lo que ha sancionado la FIDH ante las muertes en Cotabambas: son ejecuciones extrajudiciales.
Ahora la fiscal que está llevando el caso de Cocachacra en Arequipa, Alejandra Cárdenas Ávila, ha creado una nueva tipificación jurídica que lleva a su máxima expresión dentro del derecho penal esta criminalización: se trata de sostener que los frentes de defensa son asociaciones ilícitas para delinquir. Dice la fiscal en su denuncia: “Esta segunda formación asociativa [Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales] fue la que nació con un fin intrínseco delictivo, esto es, iniciar una lucha social, como la llama reiteradamente Jesús Cornejo en sus alocuciones, para obtener así sus objetivos, lo que significaba vulnerar de la paz [sic] y tranquilidad pública de la zona, de modo tal que el Estado suspendiera definitivamente la instalación de dicho proyecto, lo que en otras palabras se tradujo en tomas de carreteras, daños a la propiedad estatal, etc...” .
La fiscal se equivoca. Crear un frente de defensa y utilizarlo para llevar a cabo propósitos subalternos como engañar al pueblo y transar con la empresa, como es el caso de Pepe Julio Gutiérrez, no es lo mismo que crearlo para delinquir. En la creación del frente de defensa de Cocachacra participaron presidentes de las Juntas de Agua u otras instituciones, personas honorables como Mary Luzmila Marroquín, entre otros, que fueron a su vez engañados por los malos dirigentes que se aprovecharon de una protesta legítima.
La opción de tipificar la creación de un frente de defensa como una asociación ilícita para delinquir es el resultado de una estrategia de criminalización de las protestas y eso al parecer coincide con las reacciones del Poder Ejecutivo y sus representantes cuando estuvieron en la zona. Es tan exagerada y forzada esta tipificación que, dentro de sus consecuencias, hasta el abogado Héctor Herrera, que se fajó defendiendo a agricultores como el señor Coasaca, a quien la PNP le sembró un arma, es incluido por el ¡solo hecho de defenderlos como abogado! ¿Y después quieren que los agricultores, campesinos y demás subalternos del Perú confíen en la justicia peruana?
Los chacales del extractivismo, como cierta periodista apodada La Innombrable, han usado esta acusación fiscal para regodearse en una falacia que cae por su propio peso. Esperemos que se atengan a las consecuencias jurídicas y penales, que resultan de la irresponsabilidad de difamar a través de los medios de comunicación con el único objetivo de mantener un statu quo que les es altamente rentable.
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