María de los Angeles Espejo Gabailla
Con 57 votos a favor, 7 en contra y tres abstenciones fue aprobado ayer el dictamen de la comisión de Cultura y Patrimonio del Congreso de la República sobre la derogatoria del Decreto Legislativo 1198 que pretendía entregar la administración de monumentos arqueológicos. A las 8:30 de la noche se procedió a exonerar de la segunda votación el mencionado proyecto de derogatoria con 54 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones.
El dictamen en mayoría fue modificado a último momento por el presidente de la comisión de Patrimonio Ramón Kobashigawa, quien expresando su incomodidad por el cambio de parecer de varios congresistas de la propia comisión, no tuvo más remedio que aceptar el nuevo texto del dictamen que inicialmente señalaba la exclusión del Cusco, vale decir la modificación de la norma emitida por el Ejecutivo.
“Así no se puede trabajar, en la mañana durante la sesión de la comisión de Cultura, 10 congresistas aprobaron la modificatoria y la exclusión y ahora todos quieren la derogatoria entre ellos varios cusqueños”, dijo Kobashigawa resumiendo lo que sucedió en horas de la mañana cuando solo tres congresistas de Lima y Cajamarca (integrantes de la comisión) votaron por la derogatoria.
Finalmente venció la moción en minoría presentada por estos parlamentarios a los que se sumaron los congresistas Hernán de la Torre y Verónika Mendoza que no integran la comisión de cultura.
Fue Rimarachín, quien sustentó la moción en minoría con un argumento que lejos de querer tal vez, quedar bien con una región en lucha, dijo que se pretendía hacer de una aventura irresponsable, una política de gobierno.
“La norma habla de otorgar en administración vía convenio, determinados componentes de un monumento arqueológico y no dice que componentes pudiendo incluir la administración de servicios complementarios y es allí donde está el negocio”, sostuvo señalando que se debe plantear otra norma responsable y no simplemente entregar la carnecita.
Durante el debate se inscribieron más de 14 congresistas y fue en esta etapa del procedimiento parlamentario, que los congresistas cusqueños Julia Teves, Agustín Molina y Rubén Coa, quienes se pronunciaron por la derogatoria a pesar de haber votado por la excepción durante la sesión de comisión.
Congresistas como Martha Chávez, Rolando Reátegui del fujimorismo respaldaron la moción en minoría, finalmente la mayoría de esta bancada apoyo el dictamen de derogatoria.
Hernán de la Torre congresista que presentó el proyecto de ley de derogatoria e insistió en esta posición hasta el final dijo que de continuar la vigencia de la norma se llegaría a una privatización. “Ya hemos vivido la privatización de hoteles y de servicios en los 90 y en realidad el rechazo es mayoritario “.
“Seamos responsables y deroguemos este Decreto Legislativo, para posteriormente abrir un debate serio, integral, descentralizado de la ley de patrimonio cultural con participación de gobiernos regionales, municipales entre otros, queremos modificación pero no por fines lucrativos”, dijo Verónica Mendoza durante su intervención.
Finalmente Manuel Dammert y Jhonny Lescano, expresaron argumentos históricos, técnicos, económicos y hasta ideológicos pero sin caer en la demagogia.
La paralización de 48 horas y la gran jornada de movilización de la población cusqueña, fue ese gran brazo de la democracia que se llama participación ciudadana, protesta ciudadana que finalmente alcanzó aquello que parecía imposible.
La ciudadanía no se conformó con posibilidades, y para quienes pensaron que exigía demasiado, la realidad ahora les demuestra que solo se exigió un derecho, una reivindicación
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Con 57 votos a favor, 7 en contra y tres abstenciones fue aprobado ayer el dictamen de la comisión de Cultura y Patrimonio del Congreso de la República sobre la derogatoria del Decreto Legislativo 1198 que pretendía entregar la administración de monumentos arqueológicos. A las 8:30 de la noche se procedió a exonerar de la segunda votación el mencionado proyecto de derogatoria con 54 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones.
El dictamen en mayoría fue modificado a último momento por el presidente de la comisión de Patrimonio Ramón Kobashigawa, quien expresando su incomodidad por el cambio de parecer de varios congresistas de la propia comisión, no tuvo más remedio que aceptar el nuevo texto del dictamen que inicialmente señalaba la exclusión del Cusco, vale decir la modificación de la norma emitida por el Ejecutivo.
“Así no se puede trabajar, en la mañana durante la sesión de la comisión de Cultura, 10 congresistas aprobaron la modificatoria y la exclusión y ahora todos quieren la derogatoria entre ellos varios cusqueños”, dijo Kobashigawa resumiendo lo que sucedió en horas de la mañana cuando solo tres congresistas de Lima y Cajamarca (integrantes de la comisión) votaron por la derogatoria.
Finalmente venció la moción en minoría presentada por estos parlamentarios a los que se sumaron los congresistas Hernán de la Torre y Verónika Mendoza que no integran la comisión de cultura.
Fue Rimarachín, quien sustentó la moción en minoría con un argumento que lejos de querer tal vez, quedar bien con una región en lucha, dijo que se pretendía hacer de una aventura irresponsable, una política de gobierno.
“La norma habla de otorgar en administración vía convenio, determinados componentes de un monumento arqueológico y no dice que componentes pudiendo incluir la administración de servicios complementarios y es allí donde está el negocio”, sostuvo señalando que se debe plantear otra norma responsable y no simplemente entregar la carnecita.
Durante el debate se inscribieron más de 14 congresistas y fue en esta etapa del procedimiento parlamentario, que los congresistas cusqueños Julia Teves, Agustín Molina y Rubén Coa, quienes se pronunciaron por la derogatoria a pesar de haber votado por la excepción durante la sesión de comisión.
Congresistas como Martha Chávez, Rolando Reátegui del fujimorismo respaldaron la moción en minoría, finalmente la mayoría de esta bancada apoyo el dictamen de derogatoria.
Hernán de la Torre congresista que presentó el proyecto de ley de derogatoria e insistió en esta posición hasta el final dijo que de continuar la vigencia de la norma se llegaría a una privatización. “Ya hemos vivido la privatización de hoteles y de servicios en los 90 y en realidad el rechazo es mayoritario “.
“Seamos responsables y deroguemos este Decreto Legislativo, para posteriormente abrir un debate serio, integral, descentralizado de la ley de patrimonio cultural con participación de gobiernos regionales, municipales entre otros, queremos modificación pero no por fines lucrativos”, dijo Verónica Mendoza durante su intervención.
Finalmente Manuel Dammert y Jhonny Lescano, expresaron argumentos históricos, técnicos, económicos y hasta ideológicos pero sin caer en la demagogia.
La paralización de 48 horas y la gran jornada de movilización de la población cusqueña, fue ese gran brazo de la democracia que se llama participación ciudadana, protesta ciudadana que finalmente alcanzó aquello que parecía imposible.
La ciudadanía no se conformó con posibilidades, y para quienes pensaron que exigía demasiado, la realidad ahora les demuestra que solo se exigió un derecho, una reivindicación
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