Verónika Mendoza saluda victoria cusqueña. Luchó en el Congreso por anulación de Decreto Legislativo 1198, que permitía que el patrimonio cultural se maneje como mercancía.
El pueblo cusqueño de pie en las calles hizo retroceder al gobierno y logró que el Parlamento derogara el Decreto Legislativo 1198 que, según la candidata presidencial izquierdista Verónika Mendoza, posibilitaba que el patrimonio cultural se maneje como mercancía.
Luego de la derogación, Mendoza saludó el éxito del pueblo cusqueño y pidió además un debate en torno a la Ley de Patrimonio Cultural.
El paro cusqueño empezó el jueves y se expandió ayer en las principales zonas urbanas de la región principalmente y en la ciudad imperial hubo manifestaciones de respaldo a la demanda de anular el citado decreto, lo que atendió anoche el gobierno.
El paro fue contundente y pacífico y dio como resultado la derogación de la norma. Durante la mañana, la legisladora cusqueña y candidata presidencial Verónika Mendoza exigió la derogación del decreto porque atentaba contra el patrimonio cultural de los peruanos.
LLAMADO
“La norma debe derogarse porque posibilita que el patrimonio cultural se maneje como mercancía. El patrimonio cultural es un elemento esencial de nuestra identidad nacional sin el cual no somos absolutamente nada salvo mercancía y mano de obra”, anotó.
“La norma debe derogarse porque posibilita que el patrimonio cultural se maneje como mercancía. El patrimonio cultural es un elemento esencial de nuestra identidad nacional sin el cual no somos absolutamente nada salvo mercancía y mano de obra”, anotó.
Apeló igualmente “a la responsabilidad de los congresistas para que hagamos lo que es serio, es decir, anular el Decreto Legislativo 1198, una norma que fue aprobada entre gallos y medianoche sin ningún tipo de diálogo, ni consulta ni evaluación técnica. Hay que derogarlo y después iniciemos un debate amplio, plural y descentralizado sobre la Ley de Patrimonio Cultural”.
Los cusqueños tomaron las calles para exigir la derogación del decreto. Para la población de la región imperial, la norma es la llave para la “privatización” de los complejos incas. No creen en la versión del Ministerio de Cultura de que la norma es de aplicación voluntaria.
MARCHAS COMBATIVAS
Manifestantes bloquearon las principales vías de acceso y salida a la ciudad. Todas las actividades económicas paralizaron, no hubo transporte y las labores escolares fueron suspendidas para salvaguardar la integridad de los estudiantes.
Manifestantes bloquearon las principales vías de acceso y salida a la ciudad. Todas las actividades económicas paralizaron, no hubo transporte y las labores escolares fueron suspendidas para salvaguardar la integridad de los estudiantes.
Los marchistas intentaron tomar ayer por la mañana el aeropuerto cusqueño y PeruRail mantuvo suspendidas sus operaciones ferroviarias hacia Machu Picchu, por lo que no hay acceso a la ciudadela.
El Gobierno, haciendo uso de sus facultades legislativas, aprobó el Decreto 1198 que modifica la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y permite que entidades del sector privado administren monumentos arqueológicos a través de convenios de gestión cultural con el Estado, algo acorde con la visión empresarial de la ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, ligada al sector privado del turismo.
El Ministerio de Cultura, en un comunicado oficial publicado esta semana, recalcó el “carácter optativo” de estos convenios y publicó una lista de monumentos excluidos del alcance del DL 1198 como el Centro Histórico del Cusco y la ciudad inca de Machu Picchu.
ADEMÁS
El Decreto Legislativo N° 1198, anulado anoche, precisaba que el Ministerio de Cultura podrá otorgar a entidades públicas o privadas, mediante convenios de gestión cultural, la administración de “determinados componentes” de “todo inmueble integrante del patrimonio cultural de la Nación de carácter prehispánico”.
El Decreto Legislativo N° 1198, anulado anoche, precisaba que el Ministerio de Cultura podrá otorgar a entidades públicas o privadas, mediante convenios de gestión cultural, la administración de “determinados componentes” de “todo inmueble integrante del patrimonio cultural de la Nación de carácter prehispánico”.
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