La idea neoliberal de que las inversiones extranjeras hay que acogerlas a como dé lugar, idea compartida por toda la derecha peruana, encuentra un mentís en el caso de la planta de tratamiento de agua potable de Huachipa, que sirve a los distritos de Comas, Carabayllo, Los Olivos, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Puente Piedra.
El desmoronamiento de esa planta puede privar de agua a 2’400.000 pobladores. Una catástrofe.
La obra fue construida durante el segundo gobierno de Alan García por la cuestionada empresa brasileña Camargo Correa y la francesa OTV. Costó 820 millones de soles.
El programa de TV Cuarto Poder mostró el domingo el deterioro de una obra que solo tiene cuatro años de antigüedad. El daño principal ocurre en la bocatoma que capta 10 metros cúbicos de agua por segundo para distribuirla en distritos que tienen más de la tercera parte de la población de Lima.
Los daños abarcan las pozas de oxidación, deterioro en los pilotes de soporte de la infraestructura y desprendimientos en los bloques del vertedero y en los muros laterales. La caída de piedras ha causado anchas perforaciones. ¿No se percataron los proyectistas de la constante caída de piedras en el área?
Todo eso revela que hubo negligencia en el proyecto y falta de vigilancia estatal en el examen de este. La falta de estudio para la obra se hace patente si se precisa que La Atarjea, primera planta de tratamiento de agua potable de la capital, construida en 1959, 59 años después sigue suministrando agua a la mayoría de la ciudad.
La planta de Huachipa se construyó cuando era ministra de Vivienda Nidia Vílchez, del entorno partidario de Alan García. Ella dice que el daño en la obra se debe a la falta de mantenimiento. ¿No corría eso a cargo del consorcio extranjero? A Sedapal le correspondía supervisar ese proceso. No lo hizo.
García se apresuró a inaugurar la obra cuando le faltaban veinte días para concluir su gobierno.
Hace 16 días la obra pasó a manos de Sedapal, cuyos voceros dicen que han tenido que revisarlas en esas condiciones, porque así lo estipula el contrato. Una vez más, la manga ancha para las transnacionales.
El político que traficó con el lema “Agua para todos” carga una responsabilidad muy grande si la planta colapsa y ocurre que en gran parte de Lima no haya agua para nadie.
Sedapal ha denunciado el escándalo ante la Contraloría de la República, una entidad superpoblada de apristas. El problema es que Sedapal, bajo el régimen de Ollanta Humala y Nadine Heredia, también ha sido complaciente con el consorcio que ha jugado sucio con el agua
No hay comentarios:
Publicar un comentario