LAS PRUEBAS QUE EL FUJIMORISMO OCULTÓ
En este informe presentamos cuatro expedientes que contienen fotografías e información inédita, nunca antes vista, que el Gobierno fujimorista siempre trató de ocultar.
La Fiscalía, en tres oportunidades, intentó archivar este caso de violación de derechos humanos que se ha reabierto este año y que ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El aporte en esta publicación es la entrega de este acervo documentario que demuestra cómo las mujeres eran sometidas a las esterilizaciones, muchas veces sin su consentimiento. Toda esa información está registrada en cuatro expedientes con fotografías que presentamos en esta edición.
Han pasado 18 dilatados años desde que se puso en ejecución el programa AQV que esterilizó, entre los años 1993 y 2000, según datos de la Defensoría del Pueblo y de la comisión especial del Congreso, a más de 346 mil mujeres y varones durante el segundo gobierno de Alberto Kenya Fujimori Fujimori.
En muchos casos, las víctimas fueron sometidas a esas operaciones en contra de su voluntad a través de engaños. También hubo mala praxis, es decir, operaciones deficientes. Muchas de las pacientes, al ser esterilizadas, perdieron a los hijos que tenían en su vientre.
Según cifras de la Defensoría, murieron 44 mujeres. Hubo excesos y abusos, sin duda.
Hay 2074 testimonios de víctimas que confirman esa realidad.
Desde el año 2001, fecha en que se denunció por primera vez este caso, se han archivado tres investigaciones sobre este oscuro episodio que vivió el país.
El 21 de enero del año pasado, el fiscal Marco Guzmán Baca fue el último magistrado que archivó esta investigación tras exculpar al expresidente Alberto Fujimori Fujimori y a los exministros de Salud de ese régimen: Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga Recuenco y Eduardo Yong Motta.
Uno de los motivos por los que encarpetó este caso fue que el magistrado Guzmán Baca no recogió los testimonios de las 2.074 mujeres que sufrieron los excesos de ese programa.
Esto se debió a que la Fiscalía no contaba con traductores del quechua al castellano, entre otras falencias que hubo de por medio.
Sin embargo, desde hace dos meses, este caso ha sido reactivado.
La fiscal Marcelita Gutiérrez ha iniciado una nueva investigación por el delito de homicidio doloso, cuya pena máxima es de 15 años de cárcel, contra el expresidente Fujimori, sus tres exministros anteriormente citados y contra quienes resulten responsables.
La parlamentaria andina, Hilaria Supa Huamán, se ha comprometido en poder dar facilidades a la fiscal Gutiérrez y, de esa forma, pueda tomar la manifestación de esas 2.074 mujeres.
Entre las pruebas que entregará la representante de las víctimas a la fiscal son 50 evidencias -entre ellas comunicaciones del Ministerio de Salud con Palacio de Gobierno- que demuestran que el expresidente Fujimori estaba al tanto de la puesta en marcha del plan AQV ya que se trataba de una política del Estado.
No obstante, este diario ha obtenido seis nuevas pruebas -que presenta en esta edición- y que entregará a la Fiscalía con el objetivo de que después de 18 años se pueda llegar a la verdad.
Solo ese es el objetivo de este trabajo.
Estas son las seis nuevas pruebas que en páginas posteriores las desarrollaremos y explicaremos detalladamente.
Se trata de cuatro informes que pone en evidencia los reportes de las operaciones de esterilizaciones que se realizaron en cuatro centros de salud de Piura.
Allí se corrobora la participación del ministro Eduardo Yong Motta y a excolaboradores suyos.
También se puede identificar a médicos, enfermeras, militares y personas que participaron.
En algunos casos aparecen sus nombres, en otros no.
Las otras dos pruebas son información estadística y el llamado Plan Verde: que demostraría que este plan se gestó a fines del primer gobierno del expresidente Alan García.
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