No debemos olvidar estos crímenes ahora que pretenden atornillarse en el poder los descendientes del fujimorismo, de aquellos a los que tanto daño les hicieron a nuestro país sembrándolo de violaciones a los derechos humanos, autoritarismo y corrupción
En 1996, se llevó a cabo en el Perú una política de salud que lesionaba directamente los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres más pobres. Este plan se llamaba Campaña de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (dentro del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000), pero es más conocido como el caso de las Esterilizaciones Forzadas.
Fueron más de 346 mil mujeres y hombres esterilizados por el gobierno fujimorista, de estas personas, 44 fallecieron y 2074 denunciaron violaciones a sus derechos humanos. ¿Pero qué pasó con los juicios? Los tres que intentaron llevarse adelante desde el 2001 fueron archivados. El último archivo se debió a fallos procesales como no tener un traductor del quechua, lengua de la mayoría de mujeres abusadas, un requerimiento básico para encontrar la justicia, justicia que le es ajena a las denunciantes, pero sobre todo a las que murieron en las camillas de centros médicos insalubres en donde se las amontonaba y se las dejaba sufrir hasta que las enviaban a sus casas. La mayoría de testimonios son relatos de horror, dolor y sufrimiento que atravesaron todas estas mujeres, la mayoría sin educación y sin herramientas legales ni personales para defenderse, con secuelas sin fin para muchísimas de ellas aún en la actualidad.
Cientos de mujeres fueron chantajeadas y llevadas con engaños a someterse a estos tratamientos bajo criterios perversos: los médicos tenían que cubrir una cuota diaria de mujeres intervenidas. Por ellos utilizaron el hostigamiento, el chantaje y la mentira sin el menor reparo. ¿Cuánta gente que dañó a estas mujeres aún sigue libre sin reconocer ni pagar todo el daño que hicieron? ¿Cuántos años más faltan para que las víctimas de estos crímenes reciban algo de justicia y reparación? ¿Qué tiene que pasar para que los fujimoristas que llevaron adelante esta lesiva política pública paguen por los delitos cometidos?
Este caso ha sido reabierto y está a cargo en estos momentos de la fiscal Marcelita Gutiérrez. El delito del que se les acusará es homicidio doloso e involucra a Alberto Fujimori y sus tres ministros de Salud: Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga (actual congresista) y Eduardo Yong, y a quienes resultaran responsables. Luego de 18 años de espera, ¿estas 2074 mujeres por fin recibirán justicia? ¿El Estado se responsabilizará de este genocidio y su deber con las mujeres afectadas? Porque una política como esta es solo una clara muestra de la desidia y el desprecio que se tiene hacia determinadas personas, en este caso mujeres indígenas pobres y quechuahablantes que no eran consideradas ciudadanas, quizás ni siquiera eran consideradas seres humanos, en el afán racista de acabar con su descendencia, con su propia existencia.
No debemos olvidar estos crímenes ahora que pretenden atornillarse en el poder los descendientes del fujimorismo, de aquellos a los que tanto daño les hicieron a nuestro país sembrándolo de violaciones a los derechos humanos, autoritarismo y corrupción. Que esas lecciones sirvan para que en un futuro estas no sean opciones válidas de gobierno. Que la memoria histórica se sobreponga siempre sobre el cinismo y la falta de alternativas.
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