El debate crucial sobre la inhabilitación de Alan García.
La aprobación en el pleno del Congreso del informe final de los ‘narcoindultos’ que recomendó acusar constitucionalmente y denunciar penalmente al ex presidente Alan García y a dos ministros de su gobierno, abre un período de treinta días en la política peruana que será crucial por las tremendas implicancias que tendrá en el futuro del país.
Treinta días es, precisamente, el plazo que tiene la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso para resolver lo aprobado por el pleno, aunque posiblemente se tome más tiempo, quizá hasta la próxima legislatura, debido a la tremenda relevancia e implicancia de la decisión que tiene por delante.
El fondo de la acusación es que durante la administración aprista se estableció una organización ilícita para suplantar al Poder Judicial y vender gracias presidenciales indebidas a un tercio de los reclusos a nivel nacional, incluyendo 3,207 condenados por narcotráfico.
Específicamente, a García no se le vincula en el informe de los ‘narcoindultos’ con la venta de estas gracias presidenciales, pero sí se le cuestiona con algo que pertenece a la arena política: el eventual abuso de dicha facultad.
Más allá de algunas explicaciones no muy bien sustentadas, como que el objetivo de las gracias era reducir el hacinamiento carcelario, el ex presidente ha planteado su defensa en el incumplimiento de los procedimientos del debido proceso, lo cual se ha traducido en un amparo otorgado por la justicia que ordena al Congreso a detenerse debido a que anula lo investigado por la Megacomisión en relación con García. El Parlamento, sin embargo, opina distinto y optó por votar el jueves.
Mientras dicho debate continúa, hay otro de consecuencias que son muy relevantes para el futuro político peruano, pues lo que está en juego es la potencial inhabilitación de Alan García, lo cual lo dejaría fuera de la competencia por la presidencia de la república en el año 2016.
En ese terreno, el encono entre el Apra y el gobierno es evidente y estridente, mientras que el fujimorismo ha optado por abstenerse de votar el día jueves pero conscientes de haber una mayoría que le haría el ‘trabajo sucio’ de limpiar el camino de Keiko Fujimori hacia la presidencia sacando a Alan García.
La decisión que la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene por delante es compleja pues, más allá de las conclusiones propias del informe de los ‘narcoindultos’, la sensación de que se pueda estar sacando a un candidato del peso de Alan García de la competencia electoral, con armas que no sean los votos, puede terminar enturbiando la elección del 2016, algo que vendría acompañado de mucha turbulencia y una elevada inestabilidad política.
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