Hoy, 5 de junio, se cumple un lustro de lo sucedido en Bagua y se produce en medio de un proceso judicial a los supuestos líderes indígenas, responsables de estos hechos. De alguna manera se busca justicia para los asesinados, sin tomar en cuenta la responsabilidad política de las autoridades de turno que respondieron con represión ante un hecho lamentable que no debería repetirse.
Bagua produjo cambios institucionales como una ley imperfecta de consulta previa, sin olvidar una consultada ley forestal, poniendo en la mesa el debate sobre cambios necesarios en la gestión de los recursos naturales. Pese a ello, ambos extremos radicales de la mesa reclaman cambiar la ley de consulta, tanto el sector privado para inaplicarlo como movimientos sociales que reclaman la necesidad de un derecho de veto; esa circunstancia política necesariamente muestra que debemos reforzar la búsqueda de una implementación adecuada, más que la posible instrumentalización de este derecho.
Debemos rechazar menciones como que en el Perú hay algunos que nos quieren llevar al “irracionalismo primitivo”, que se quiere consultar a “cualquiera que se pone una pluma”, indígena que tiene celular ya no es indígena, o que la consulta debe aplicarse a los indígenas amazónicos “no contactados”, continuar con ese discurso es repetirnos una y otra vez ese halo de discriminación de los primeros textos constitucionales, donde el indígena era considerado una “raza miserable, abyecta, inocente”.
Bagua no solo es un juicio, sino un posible sermón de lo que hicimos mal como sociedad y de lo que seguimos haciendo mal con sus efectos. Después de estos años, existe mejora en lo formal, en el reconocimiento de los derechos indígenas, aunque falta que se materialice; vemos algunos avances en la agenda climática y retrocesos en el sector extractivo, quizás sean flor de un solo día, pero debemos aprovechar los cambios para mejorar la gestión de recursos naturales, no solo para seguir extrayendo sino para buscar un desarrollo más inclusivo, más plural, más propio. Un camino sería aplicar el art. 2 de la Ley 29785 que obliga a realizar la consulta para programas y planes de desarrollo, así integramos las prioridades indígenas con las nacionales, una deuda pendiente
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