Es muy lamentable que a raíz del caso Áncash y aquel que involucra al abogado Rodolfo Orellana Rengifo, tengamos bajo la lupa tanto al actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, como a su antecesor, José Peláez Bardales, lo que no hace más que dañar duramente la imagen de una institución fundamental en nuestro sistema judicial y en la lucha contra el flagelo de la corrupción.
Sobre el primero de los mencionados, en un inicio se le cuestionó por su parentesco con la primera dama Nadine Heredia. No obstante, luego de todo lo que se ha sabido sobre el caso "La Centralita", es evidente que el magistrado tiene mucho que aclarar y bien haría en someterse a cuanta investigación se disponga en su contra, no tanto por él, sino por el cargo que tiene y la institución a la que representa.
Lo mismo sucede con el caso de Orellana Rengifo. Mientras tanto, las dudas también aparecen sobre la gestión de Peláez Bardales, al extremo de que un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura está pidiendo que se suspenda su condición de fiscal supremo mientras duren las investigaciones, algo sin duda muy grave por tratarse de quien estuvo dos años al frente del Ministerio Público.
Si queremos luchar contra la corrupción, no puede haber nada más nocivo que tener a las instituciones a cargo de ese trabajo con sombras que despierten dudas sobre la moral e idoneidad de quienes están al frente. Lamentablemente esto viene sucediendo con Ramos Heredia y Peláez Bardales, y es de esperarse que por el bien de ellos y del país las acusaciones en su contra se aclaren de inmediato.
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