Red de protección

Orellana ya cayó, pero ojalá que ahora no calle nada.

La captura de Rodolfo Orellana constituye un avance importante para la lucha anticorrupción en el Perú, por lo que debe valorarse el esfuerzo hecho por las autoridades que colaboraron para ello, pero el mismo será absolutamente incompleto si es que esta detención no se ve acompañada de otras acciones cruciales en tres ámbitos cruciales.

Primero, que se realice un proceso judicial riguroso e imparcial que efectivamente permita aplicarle la sanción que corresponda a este mafioso que durante tanto tiempo perpetró tantos delitos con total impunidad y desvergüenza gracias a la colaboración de la justicia peruana.

Dicha colaboración cómplice por parte de jueces y fiscales es hoy un riesgo para un proceso justo. El peligro es que la red que Orellana estableció en el Poder Judicial y el Ministerio Público se convierta en red de protección para que se le aplique una pena leve que no se corresponda con los delitos que cometió.

En este contexto, por la transparencia del proceso judicial que se viene, sería conveniente que el fiscal de la nación Carlos Ramos Heredia se aparte al menos temporalmente del importante puesto que hoy ocupa debido a que existen sospechas relevantes sobre su vinculación con la mafia de Orellana.

En segundo lugar, es evidente que una red mafiosa tan amplia como la establecida por Orellana requiere de la complicidad no solo de fiscales y jueces sino, también, de un amplio número de personas de la policía, el Congreso, gobiernos regionales, abogados, notarios, registradores, tasadores, árbitros, testaferros, empresarios o periodistas.

Ahora que Orellana ya cayó, deberían darse las condiciones para que no calle nada y se revele a todos los integrantes de su red corrupta de manera que se apliquen sanciones a todos los que colaboraron en ella.

En tercer lugar, está el factor institucional que, desde distintos enfoques, fue aludido ayer en sus respectivas columnas por César Hildebrandt y Santiago Pedraglio, como un elemento que facilitó esta operación corrupta.

El proceso sobre el caso Orellana debiera dar lugar a una investigación mucho más amplia y profunda que no es judicial propiamente pero que sí puede tener implicancias relevantes para la lucha anticorrupción en el país, la cual se refiere a analizar por qué fue posible que esta organización criminal penetre, con tanta eficiencia y facilidad, tantas instituciones públicas y privadas.

Hay muchos Orellanas por todo el país y muchos cómplices que los respaldan. Para detenerlos se requiere sanción efectiva para este mafioso y todos sus cómplices, y una recomendación de qué hacer para empezar a blindar a tantas instituciones en el país de la podredumbre.